El líder espiritual del mayor partido islamista de Bangladesh ha sido condenado a 90 años de prisión por un tribunal especial de Dacca por su implicación en crímenes de lesa humanidad en la guerra de independencia de Pakistán de 1971.

Ghulam Azam, de 90 años de edad y secretario general durante el conflicto de Jamaat-e-Islami (JI), principal partido religioso de Bangladesh y que apoyó a Pakistán en el conflicto, es el quinto líder islamista condenado en lo que va de año por este tribunal creado por el Gobierno.

El veredicto se hizo público entre protestas islamistas que comenzaron el domingo y continuado ayer con una huelga convocada por JI. La represión policial ha dejado en las últimas horas un saldo de dos muertos.

Estas víctimas mortales se suman a los cerca de 200 muertos registrados en las manifestaciones islamistas y disturbios desencadenados por las sentencias de ese tribunal de guerra en distintos puntos del país asiático en los últimos meses.

Tras conocerse la sentencia un grupo de antiislamistas comenzó una manifestación en protesta por lo que consideran una pena leve contra el líder islamista y pedían la pena de muerte, conmutada por cadena perpetua por el tribunal en atención a su avanzada edad. «Estará en la cárcel hasta que muera», reza el veredicto, que será recurrido por la defensa. La guerra de independencia de Bangladesh se saldó con entre 300.000 y 3 millones de muertos (según las fuentes) y cientos de miles de mujeres violadas.

La Liga Awami de la primera ministra, Sheij Hasina, en el poder desde 2009, utiliza la revisión judicial de este período de la historia en su lucha contra la principal fuerza opositora, el Partido Nacional, del que Jamaat-e-Islami es punta de lanza por cuanto tiene una gran capacidad de concovatoria y siempre le apoya en las grandes citas electorales, como los comicios legislativos que se celebrarán a finales de este año o principios del que viene.

La creación por el Gobierno de este tribunal ad hoc no responde a estándares internacionales y ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch. El Ejecutivo de Hasina, que cuenta con el aval de India, salda así cuentas con la oposición escudándose en la posición histórica propaquistaní de movimientos islamistas como Jamaat-e-Islami.