El País Vasco norte, compuesto por las tres provincias vascas situadas en el territorio francés (Lapurdi, Baja-Navarra y Zuberoa), no dispone de instituciones propias desde la Revolución francesa de 1789 que ha desembocado en la desaparición de las instituciones vigentes hasta entonces: los Biltzar o Asambleas provinciales. Los esfuerzos del diputado vasco Dominique Joseph Garat, que solicitaba la creación de un departa- mento País Vasco, no fue tomada en consideración en los debates parlamentarios que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional en 1790. La reivindicación institucional de ese territorio se difuminó hasta 1836 y la solicitud formulada por la Cámara de Comercio y de Industria de Bayona de crear un departamento propio, aunque las motivaciones de sus promotores fueron esencialmente económicas.

Hay que esperar los años 1970 para que la reivindicación institucional surja de nuevo en el País Vasco norte gracias al auge del movimiento nacionalista vasco a ambos lados de la frontera, el final inminente del franquismo y las expectativas generadas por la posible apertura económica del País Vasco sur. De hecho, las primeras demandas de una institucionalización del País Vasco norte provinieron tanto del movimiento nacionalista como del mundo empresarial, lo que dio lugar a la creación de la Asociación para un Nuevo Departamento. Esta reivindicación tuvo una traducción política puesto que, a cambio de apoyar la candidatura socialista de François Mitterrand a las elecciones presidenciales galas de 1981, las formaciones nacionalistas consiguieron que este último incluyera la creación de un departamento vasco en su programa electoral, promesa que no fue respetada.

Ante el rechazo del gobierno central de reconocer las reivindicaciones institucionales del País Vasco norte, se multiplicaron las movilizaciones y las iniciativas para dotar este territorio de una institución específica: en 1994, el diputado vasco Michel Inchauspé propuso ante la representación nacional la creación de una Región de los Países del Adour compuesto por un departamento País Vasco; en 1996, 93 de los 151 alcaldes del País Vasco se pronunciaron a favor de un departamento vasco; en 1999, más de 12.000 personas manifestaron en Bayona para reivindicar la creación de un departamento País Vasco.

Esta movilización condujo las autoridades a replantearse su estrategia y a pasar de una lógica de confrontación a una lógica de cooperación. En ese marco se inscriben el trabajo prospectivo País Vasco 2010 en 1993, el Esquema de Ordenación y Desarrollo del País Vasco en 1997 y su contractualización en el Convenio Específico País Vasco en diciembre de 2000. De la misma forma, se crearon «casi-instituciones» tales como el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos del País Vasco. Ese cambio se plasmó igualmente en la modificación de la legislación con la aprobación de la Ley Voynet (1997) que contempla la creación de los «países», entre los cuales figura el País Vasco norte. Dicha ley reconoce los territorios que, además de disponer de una unidad cultural, lingüística, geográfica o económica, gozan de un proyecto de territorio, lo que les permite elaborar e implementar políticas públicas propias.

Si ese cambio de estrategia propició la instauración de una nueva gobernanza basada en la búsqueda del consenso, no hizo desaparecer la reivindicación institucional sino todo lo contrario, ya que, en 2001, se creó la Asociación para un Departamento País Vasco; en 2002, 92 corporaciones municipales se pronunciaron a favor de dicha institu- ción; en 2005, el 63% de los alcaldes se declararon favorables a una consulta de la población sobre ese tema; y, entre 2006 y 2009, una campaña de recogida de firmas desembocó en la recogida de 32.050 firmas a favor de la organización de dicha consulta. Actualmente, a pesar de que exista un amplio consenso entre la ciudadanía, el tejido productivo y la clase política del País Vasco norte sobre la necesidad de dotar ese territorio de una institución propia en general y de una colectividad territorial en particular (que reúna las competencias de un departamento francés al que añadirían 8 competencias adicionales), el gobierno central rechaza cualquier reconocimiento institucional.