La Comisión Europea se pronunciará hoy sobre el informe del Comisario de Competencia que declara ilegal el régimen fiscal de los astilleros o «tax lease» que facilitó entre 2002 y 2010 la construcción de 272 buques en los 19 astilleros privados con que cuenta el Estado español.

El sindicato Colectivos Autónomos de Trabajadores de la industria naval (CAT), que cuenta con una importante representación en Sestao, remitió al comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, una carta en la que le indican que «los trabajadores no somos responsables de que las ayudas aplicadas en el pasado sean legales o ilegales, ni nos hemos beneficiado económicamente de ellas, como lo han hecho bancos, entes financieros, armadores y otros».

Explican a Almunia que con la demora que ha seguido este expediente «nos demuestra que no hay una apuesta real porque este sector sea competitivo, generador de empleo y riqueza social para nuestro pueblo».

Este colectivo sindical entiende que «con el retraso en la resolución del expediente abierto a la anterior bonificación fiscal, nos llevan al cierre progresivo de los astilleros y nos condenan a la miseria y el paro, empobreciendo nuestras familias y acabando con el futuro de nuestros hijos». CAT responsabiliza directamente de esta dramática situación «a la Comisión Europea, a usted, Joaquín Almunia», y le advierten de que si la decisión no es positiva para los trabajadores «no nos deja otro camino que la lucha en la calle para defender los astilleros y sus puestos de trabajo».

2002, Gobierno del PP

El problema se remonta al año 2002 cuando el Gobierno español, en manos de José María Aznar (PP), tenía que haber comunicado a la Comisión Europea de la existencia de esas ayudas fiscales, consideradas ilegales.

En principio, se dijo que la multa ascendería a 3.000 millones, de los que un tercio corresponde a los cinco astilleros vascos, si la sanción se contempla desde 2005. Sin embargo, es posible, como se está filtrando desde antes de ayer, que se tenga en cuenta desde 2007, lo que reduce a 2.000 millones, de los que los astilleros vascos tienen que pagar casi la misma cantidad en ambos casos.

El sector reconoce que ni una ni otra son salidas efectivas. Porque, aunque la devolución de las ayudas fiscales las tengan que aplicar las entidades financieras o las empresas que invirtieron en este sistema de elusión fiscal, los astilleros y los armadores se resentirían.

Ayer el «lobby» vasco y español recorrió los despachos de Bruselas intentando conseguir apoyos. Hace unos días solo contaban con el visto bueno de 7 de los 27 comisarios que adoptarán la decisión. De momento, lo más que ha cedido Competencia, que dirige Joaquín Almunia, es pasar la sanción de 2005 a 2007 y que no sean ni los astilleros ni los armadores quienes tengan que restituir las ayudas ilegales.

Sin embargo, en este caso hay otro problema, porque en muchos contratos de nuevos buques, al final, es el astillero el que se hace responsable, por lo que el peligro es evidente.