La petición de Seaska, pendiente de los «centros de decisión» en París
El único compromiso que adquirieron los técnicos gubernamentales en la reunión de ayer con representantes de Seaska y de otras redes educativas en lenguas minorizadas fue que harán llegar a los «centros de decisión» del Ejecutivo la petición de una ley específica que garantice dicha enseñanza. Los parlamentarios y otros electos que estuvieron presentes en el encuentro de París se sumaron a la demanda de una solución legal definitiva a la cuestión.
Arantxa MANTEROLA |
La reunión entre representantes del gobierno y de Seaska que tuvo lugar ayer en París no aportó ninguna promesa concreta a la petición de la federación de ikastolas de Ipar Euskal Herria que exige una solución legal y definitiva a la actividad y a la existencia misma de las ikastolas y otras redes de enseñanza de y en las lenguas minorizadas.
Durante dos horas, Paxkal Indo y Hur Gorostiaga, presidente y director de Seaska respectivamente, argumentaron la necesidad de un marco legal que garantice la enseñanza en el sistema de inmersión.
Expusieron la trayectoria de las ikastolas y la situación insostenible a la que se ha llegado y que, a su entender, se extenderá a otras regiones del Estado en las que también se enfrentan a la misma problemática, por lo que una solución urgente se impone.
En el encuentro también se mencionó el informe que acaba de recibir el ministerio de Cultura sobre la promoción de las lenguas minorizadas [ver el despiece] y que va en el mismo sentido de lo solicitado por Seaska.
Los técnicos gubernamentales de los ministerios de Educación, de Cultura y de Interior, algunos de los cuáles desconocían totalmente la cuestión, tomaron nota de lo expuesto y se limitaron a prometer que trasladarán la petición a los «centros que tienen poder decisorio» y que se estudiará su viabilidad.
Tampoco precisaron una fecha indicativa al respecto, si bien los miembros de Seaska esperan alguna respuesta antes del inicio del próximo curso.
Presencia de electos
En la reunión participaron, asimismo, un representante de Eskolim (red del sistema de inmersión de las lenguas minorizadas del Estado), las dos diputadas vascas, Colette Capdevielle y Sylviane Alaux, así como los senadores Frédérique Espagnac y Georges Labazée, el presidente del Partido Occitano David Grosclaude y el diputado bretón Paul Molac. Los parlamentarios intervinieron en el mismo sentido de buscar una solución rápida a este problema.
El conflicto se reactivó hace unas semanas cuando el Estado, a través del subprefecto, advirtió al consistorio de Hendaia de la ilegalidad del proyecto de construcción de la nueva ikastola. Lo hizo en base a la ley Falloux que recoge explícitamente la prohibición de aportar dinero público para construir centros educativos privados.
Seaska denunció que este cambio de actitud del Estado que hasta el presente no había recurrido a dicha ley, pone en peligro el conjunto de las ikastolas de Ipar Euskal Herria y enseguida comenzó a movilizarse. Una de las últimas acciones fue la ocupación de la sede del PS en Baiona que cesaron tras la promesa de reunión con los responsables gubernamentales que, finalmente, tuvo lugar ayer.
Los responsables de Seaska no pudieron precisar si del talante de los técnicos gubernamentales se desprendía una disposición positiva o negativa hacia la demanda ya que su actitud no reflejó nada en concreto.
Tras la renuncia de París a ratificar la Carta Europea de Lenguas minorizadas -que fue una de las promesas electorales de Hollande- por la colisión que supone con la Constitución francesa, la ministra de Cultura Aurélie Filippetti encargó en marzo un informe a una comisión compuesta por diez expertos sobre la «redefinición de una política pública en favor de las lenguas regionales y de la pluralidad lingüística interna».
El informe que fue entregado el pasado lunes repasa la situación de las lenguas minorizadas en el Estado y de los 39 compromisos adquiridos por el Estado en la Carta aún por ratificar en ámbitos como la educación, cultura, medios de comunicación, servicios públicos, vida social...
En una segunda parte plantea propuestas para relanzar una política pública en favor de dichas lenguas. En ese sentido, subraya la necesidad de un «marco jurídico sólido» y propugna incentivar la sensibilización y el conocimiento de las mismas y «estructurar mejor el papel del Estado y de las instituciones territoriales».
Respecto a la enseñanza, que califica como «prioritaria» para la salvaguarda de las lenguas, el informe recoge específicamente los problemas que la ley Falloux acarrea al sistema de inmersión y hace una mención particular a la importancia del trabajo realizado por asociaciones como Seaska. A.M.
