Dando por buenas la mayor parte de las conclusiones de la Fiscalía, el juez Josep Maria Pijuan, encargado de juzgar el caso Palau, concluyó ayer la investigación judicial del caso, en la que ha encontrado indicios suficientes para hablar de financiación ilegal del partido de Artur Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Según el juez, el partido habría cobrado hasta cinco millones de euros a través de comisiones ilegales pagadas por la empresa constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Para ello, la empresa utilizaba la logística creada por los responsables del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull, a los que se acusa también de apropiarse de dinero del Palau en beneficio propio.

Según las conclusiones de Pijuan, Ferrovial pagaba una comisión del 4 % de cada obra adjudicada, haciéndola pasar como una donación al Palau. Posteriormente, el 2,5 % de la comisión iba a parar a las arcas de CDC, mientras que el 1,5 % restante se lo quedaban Millet y Montull.

17 imputados

El dictamen del juez mantiene un total de 17 imputados en el caso, de los que tan solo dos son militantes de Convergència: el exdiputado Jaume Camps y el extesorero Daniel Osàcar -también lo estaba su predecesor, Carles Torrent, fallecido en 2005-.

Sin embargo, Pijuan asegura en su escrito que existió «la intervención de otros altos cargos del partido», los cuales ejercieron «el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat y otros organismos públicos vinculados al partido que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública».