Finalmente, la enmienda presentada por la diputada socialista Colette Capdevielle no será debatida en la Asamblea Nacional, cuando menos por ahora. La decisión de Gilles Carrez (UMP), presidente de la Comisión de Finanzas, ha interrumpido su paso al hemiciclo con el argumento de que las Colectividades Territoriales Específicas (CTE) supondrían un aumento de gasto público para el Estado, lo que entra en colisión con lo dispuesto por el artículo 40.

Capdevielle ha considerado un «abuso de poder» la decisión y, junto a otros diputados, ha pedido que Carrez comparezca en la Asamblea Nacional para dar explicaciones ante lo que consideran una actuación que coarta la competencia de legislar de los diputados. «Es necesario que el procedimiento de inadmisibilidad en base al artículo 40 sea revisado. Su aplicación excesiva e incontrolada priva al legislador de su poder de elaborar leyes», advierten en su comunicado.

También anuncian que pedirán al presidente de la Asamblea la constitución de un grupo de trabajo sobre la cuestión.

Reforma de las regiones

Colette Capdevielle ha asegurado que, cuando se aborde el capítulo de la reforma de las instituciones regionales dentro de la nueva ley de Descentralización -cuyo debate no ha hecho más que empezar-, volverá a plantear su propuesta de creación de Colectividades Territoriales Específicas.

Cabe recordar que el texto presentado por la diputada de Baiona no se corresponde totalmente con la demanda de CTE para Ipar Euskal Herria consensuada entre el Consejo de Desarrollo y Consejo de Electos, Batera, Cámara de Comercio e Industria y electos de diferente signo que es impulsada por todos ellos en el marco de la Coordinadora Territorial.

La enmienda de Capdevielle propone que este tipo de institución pueda ser creada en cualquier región del Estado ya que de ese modo se respetaría la «igualdad republicana» y, al estar recogido en la ley, toda región que lo desease podría constituir su propia CTE.

A pesar de ello, para que su enmienda pudiera ser formulada en el hemiciclo, le habían exigido tres condiciones: que fuera de carácter experimental, por un plazo de tres años y que estuviera sujeta a la aprobación del Gobierno. Capdevielle no ha aceptado integrarlas en su texto por estimar que modificaban sustancialmente su propuesta. «He asumido mis responsabilidades como legisladora», ha manifestado.