Soria anunció ayer que llevará hoy un informe al Consejo de Ministros en el que solicita que el Gobierno recurra la exigencia de la Comisión Europea de devolver las ayudas al sector naval, así como que se establezcan medidas cautelares para suspender la devolución efectiva de esas ayudas mientras no se sustancie el recurso.

«La decisión acertada, desde el punto de vista del Ejecutivo, hubiese sido no devolver las cuantías más allá del momento en el que se nos puso la denuncia, que fue en 2011», afirmó.

El ministro se refirió a una «situación análoga en Francia en 2007» en la que «no fueron requeridas las devoluciones de las ayudas» y añadió que el Gobierno español «tratará de que el impacto de la devolución sea el mínimo posible, siempre dentro de la literalidad de la resolución de la Comisión».

Esta misma idea es compartida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, lo que hizo saber ayer al ministro por medio de una llamada telefónica. Urkullu ha pedido una reunión con Soria, encuentro que se producirá previsiblemente la próxima semana en Madrid, pero que estará abierta a todos los presidentes de las comunidades autonó- micas afectadas por la decisión de Bruselas.

PNV y Amaiur

Entretanto, tanto PNV como Amaiur han solicitado la comparecencia en el Congreso de los ministros de Industria, José Manuel Soria, Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía, Luis de Guindos, para que expliquen «qué actuaciones van a llevar a cabo, qué medidas prevén adoptar para garantizar la financiación del sector naval, y qué medidas de carácter urgente van a adoptar para evitar su desmantelamiento».

Por su parte, el presidente de Astilleros Zamakona, Pedro Garaygordobil, fue más optimista y afirmó que «ganarán», pese a que Almunia, les haya mantenido «en el corredor de la muerte» durante dos años, desde que abrió el expediente en torno al sistema tax lease, lo que les ha causado «un daño terrorífico».

El empresario vizcaino, que denunció que su astillero ha perdido seis contratos para construir buques -4 para Holanda y 2 para Noruega- añadió que, en este tema, «no hay más culpable que Almunia», que «no puede estar por encima del bien y del mal».

Almunia trata de defenderse

Almunia, por su lado, contraatacó diciendo que ha sentido «vergüenza» de cómo se ha manejado y jugado «con el miedo de la gente a perder su empleo».

El vicepresidente de la Comisión y comisario de la Competencia mantuvo su tesis de que la decisión no se dirige contra los astilleros, «sino contra quienes por invertir un dinero, sin ser navieros ni tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de desgravaciones fiscales», argumento que sigue sin convencer a empresarios y trabajadores del sector.