corrupción en el estado español
Bárcenas explica en 150 folios los pagos de la sede de Bilbo
El extesorero del PP aportó al juez documentos en los que registró una contabilidad especial para financiar la sede del partido en la capital vizcaina, con fondos de constructores de todo el Estado.
Alberto PRADILLA | MADRID
La sede que el PP tiene en la Gran Vía de Bilbo habría sido financiada con dinero procedente de las donaciones ilegales aportadas por constructores de todo el Estado español. Esto fue lo que afirmó el lunes Luis Bárcenas durante su declaración ante la Audiencia Nacional española. Según ha podido saber GARA de fuentes jurídicas, el extesorero declaró haber puesto en marcha una contabilidad especial destinada exclusivamente al pago de este inmueble en la CAV. Se trata de un fondo que no estaría reflejado ni en las cuentas oficiales del partido ni tampoco en los papeles en los que se apuntaba el registro paralelo. Según su versión, el extesorero se habría limitado a ejercer como intermediario entre los donantes y la formación que en aquel momento dirigía Carlos Iturgaiz y los pagos se habrían extendido desde 1999 hasta 2005, cuando María San Gil se encontraba al frente del partido. Para avalar estas tesis, Bárcenas presentó ante el juez Pablo Ruz una carpeta verde con la inscripción «Bilbao» y que contenía un total de 164 folios como prueba. Entre la documentación presentada aparece una hoja de cuaderno de contabilidad con anota- ciones manuscritas, un listado de movimientos a ordenador, la copia de un contrato, una hoja de transmisión de fax, fotocopias de impresos bancarios del Banco Popular, impresos bancarios manuscritos del Banco de Vitoria, Argentaria, BBVA, Banesto y la liquidación de presupuesto de la sede supuestamente pagada con dinero negro.
La publicación ayer de informaciones (en diarios como «El País» o «VozPópuli») que incidían en esta línea motivó la respuesta del secretario general del PP en la CAPV, Iñaki Oyarzábal, que afirmó no haber percibido dinero de Bárcenas, sino de Génova. Un razonamiento que no es incompatible, ya que el extesorero era el responsable de las finanzas del partido, por lo que sería lógico que realizase los pagos en nombre de la formación. Pese a ello, Oyarzábal afirmó que dispone de documentación que prueba que el partido abonó legalmente «desde la primera peseta al último euro» de la sede y que el dinero que procedía de Génova (y que llegaba desde 1989) se empleaba únicamente en funcionamiento interno y campañas electorales.
Enfado con Basagoiti
Cabe recordar que el PP de la CAPV ha sido una de las voces más duras contra Bárcenas desde que estalló el escándalo de los papeles. Su expresidente Antonio Basagoiti llegó a afirmar que «mientras nosotros nos hemos jugado la vida por cero euros y hemos arriesgado a nuestras familias, otros se han enriquecido», en referencia a las acciones armadas de ETA contra cargos electos del PP.
Estas opiniones no sentaron bien al extesorero. Según relató reciementemente Pedro J. Ramírez, director de «El Mundo», en una tertulia en la cadena Cope, Bárcenas habría telefoneado al propio Basagoiti para espetarle: «¿Sabes quién os pagaba el dinero de la protección a los concejales del País Vasco? Era yo». Lo cierto es que, por el momento, otros pagos vinculados a la CAPV y Nafarroa, como los efectuados a través de Jaime Ignacio del Burgo, son los únicos que han sido reconocidos incluso por quienes percibieron el dinero.
El Tribunal Constitucional (TC) español justificó ayer la militancia en el PP de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, después de que ayer se conociera que ha sido afiliado entre 2008 y 2011, frente a las críticas de la mayoría de los partidos de la oposición que le han exigido explicaciones. Pérez de los Cobos, elegido magistrado del TC en diciembre de 2010 y presidente desde hace un mes, reconoció y explicó ayer a los magistrados del TC su militancia y el pago de cuotas al PP durante esos años y sus compañeros cerraron filas en torno a él, aunque las asociaciones de jueces discrepaban sobre si debe renunciar.
El diario «El País» publicó ayer que el presidente del TC «figura en la lista de afiliados del PP» y apuntó que «la Constitución a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos y exige total independencia» y que «pagó cuotas de militante en 2011 siendo ya magistrado y omitió su vínculo político cuando compareció en el Senado».
EL TC argumentó que la Constitución española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establecen para los magistrados de esta instancia judicial ninguna incompatibilidad con el hecho de militar en un partido político, como es el caso de Pérez de los Cobos, algo que no comparte la oposición parlamentaria.
Este nuevo escándalo ha provocado otra polémica entre el PP, que le defiende, y PSOE, IU, CiU, PNV, ERC y UPyD, que reclaman a Pérez de los Cobos que aclare la situación. IU pidió su dimisión, porque «debe ser y parecer» veraz e independiente, mientras que ERC prepara ya su recusación ya que entre los asuntos sobre los que el TC debe decidir en breve está la Declaración de Soberanía del Parlament.
Mientras Jueces para la Democracia y Foro Judicial creen que debería renunciar al cargo para dar credibilidad a la institución, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura defendió su independencia. GARA
