Insólito en el fondo y en la forma. Es insólito que el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, anuncie que va a abrir de oficio una investigación sobre la suspensión de la construcción de una infraestructura pública alegando que el pago de indemnizaciones a las empresas pueden perjudicar a la ciudadanía. Es cierto que en la historia reciente de este país no faltan proyectos que se han iniciado y parado después causando un quebranto económico al erario. O, peor, obras que se han culminado con un enorme coste económico y que finalmente se han demostrado absolutamente deficitarias, creando enormes agujeros en las arcas públicas.

Pues de todas ellas, Calparsoro solo se ha sentido impelido a intervenir en la paralización de las obras de la incineradora de Zubieta. «Me genera una gran inquietud -comenta- que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan que pagar miles de millones de euros en indemnizaciones, cuando quizá se haya llegado a esta situación por la mala gestión de los responsables del Consorcio o de la Diputación». (Hay que aclarar al fiscal que la indemnización de la que se habla es, en el caso más alto, de 64 millones, no de «miles de millones» como dice con excesiva alegría).

Pero el anuncio del fiscal superior es también insólito en la forma. No la ha hecho a través de una actuación oficial, con firma y sello, como corresponde a un acto jurídico, sino en declaraciones a un periódico; en una noticia en la que no queda claro quién ha llamado a quién, ni cuál es el hecho concreto que ha inspirado a la Fiscalía a tomar una decisión como la de actuar de oficio en este caso específico y no en cualquiera de los otros muchos en los que podía haber intervenido.

Colaboración del Consorcio

Ante el inédito anuncio del fiscal superior, la Diputación guipuzcoana reaccionó asegurando que está «totalmente tranquila» y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) afirmó que respalda la investigación, en la confianza de que las ilegalidades que pudieran encontrarse corresponderán a la legislatura pasada.

En declaraciones a NAIZ.info, la presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, valoró positivamente la iniciativa de la Fiscalía Superior de la CAV de abrir una investigación en torno a la gestión del proyecto de incineradora de Zubieta, tanto en esta legislatura como en la anterior. «Nos alegramos», afirmó. «Desde el principio hemos denunciado la existencia de irregularidades, así que ofrecemos a la Fiscalía toda nuestra colaboración y ponemos a su disposición la documentación existente», precisó.

La máxima responsable del Consorcio subrayó que «cada uno tiene que ser responsable de lo que firma» y negó cualquier «temor», ya que «todo lo que hemos hecho ha sido en defensa de la salud, el medio ambiente y la economía de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas». Por ello, reclamó al fiscal que la investigación «llegue hasta el final; es lo que hemos defendido desde el principio».

En declaraciones ante la prensa realizadas el jueves, la dirección de GHK ya había avanzado la posibilidad de llevar a sus antecesores ante los tribunales.

EH Bildu tenía convocada ayer una rueda de prensa para hablar sobre la paralización de las obras de la incineradora y en el turno de preguntas de los periodistas abordaron la cuestión de la investigación anunciada por el fiscal. Tras mostrar su extrañeza por que se actúe en este caso y no en otros, expresaron su deseo de que Calparsoro llegue hasta el final en sus investigaciones y acabaron recomendando «a los anteriores gestores de GHK que vayan buscándose un abogado y preparando su patrimonio para posibles responsabilidades».

Junto a ello, pidieron a la Fiscalía que muestre «la misma diligencia» para investigar otros casos como «los 900 millones de deuda de Bidegi y los 300 de desfase, los 20 millones que han dejado de agujero Etorlur por intervenciones urbanísticas, la financiación de la sede del PP de Bilbo o lo publicado recientemente por el TVCP sobre las irregularidades en todos los tramos del TAV en Gipuzkoa».

Ormazabal e Itxaso

El jeltzale Carlos Ormazabal, que fue diputado foral de Desarrollo Sostenible por el PNV, y Denis Itxaso, representante de la Mancomunidad de San Marcos en el GHK y concejal en el Ayuntamiento de Donostia por el PSE, fueron en la pasada legislatura presidente y vicepresidente respectivamente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.

Ambos podrían verse afectados por la investigación que anuncia ahora la Fiscalía y precisamente ellos fueron los elegidos por sus respectivos partidos para hacer valoraciones.

Ormazabal aseguró que uno de los principales objetivos durante todo el proceso para redactar el proyecto de la incineradora «fue el cumplimiento estricto de la legalidad, el mantenimiento de la máxima seguridad jurídica».

Cabe recordar que Ormazabal fue uno de los responsables que contrataron productos financieros tóxicos (swap) no solo sin ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración y de la Asamblea de GHK, sino incluso desoyendo la advertencia de La Caixa sobre su falta de conocimientos y experiencia para comprender y valorar los riesgos. Pese a ello, ayer afirmó que el problema financiero surge con la entrada de Bildu en el Consejo de Administración de GHK.

Por su parte, Denis Itxaso afirmó que «es alentador que la Justicia actúe de oficio ante un problema que es público y notorio, del que todos los días se conoce una nueva vuelta de tuerca, y que puede derivar en gravísimas consecuencias económicas y financieras para el entramado institucional guipuzcoano, las arcas públicas y, en último término, los propios contribuyentes».

De momento, no se conocen oficialmente los extremos de la investigación anunciada por la Fiscalía ni los plazos en los que puede estar concluida, aunque algunas fuentes hablaban ayer de seis meses. Lo que Juan Calparsoro sí anunció en una emisora de radio es que «en el caso más grave de que se entendiera que hay una actuación arbitraria contraria a los intereses generales podría incurrirse en un delito de prevaricación o, incluso, llegado el caso, malversación de caudales», pero sería en el «supuesto más grave».