Con las vacaciones estivales encima, el sindicato LAB urgió a las instituciones y partidos políticos de Hego Euskal Herria a adoptar medidas concretas para responder a la próxima reforma de las pensiones que el Gobierno español pretende ejecutar en setiembre. A juicio de la central, un sistema público de pensiones en Euskal Herria es viable, pero para ello hace falta «compromiso político» para acometer cambios en materia de empleo y fiscalidad.

Bea Martxueta, secretaria de Políticas Sociales del sindicato, y Mikel Saralegi, de la asamblea socioeconómica, comparecieron ayer en Donostia para emplazar a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea a «no esperar a lo que en setiembre llegue desde Madrid y tomar la iniciativa». En concreto, reclamaron la elaboración de un plan estratégico para garantizar el futuro de las pensiones en Euskal Herria y la creación de un ámbito de negociación y diálogo para construir un «sistema de Seguridad Social propio».

Martxueta destacó que la viabilidad del sistema de pensiones no es una cuestión exclusivamente técnica o económica, sino que trasciende al ámbito político. En esta línea, sostuvo que los gobernantes «deben primar la defensa del derecho de las personas a acceder a una vida digna y, dentro de ella, a una pensión digna». El problema para conseguirlo, según apuntó, se encuentra en el reparto equitativo de la riqueza, por lo que propuso cuatro medidas concretas en este sentido.

Ejes de actuación

En primer lugar, reclamó compromiso por la creación de empleo de calidad pues «las cotizaciones de hoy son las pensiones del futuro», apostilló.

Otra de las cuestiones que planteó la central consiste en cambiar «radicalmente» la política fiscal «para garantizar recursos públicos suficientes mediante una fiscalidad justa y progresiva; que rentas y patrimonios tributen con equidad y se combata eficazmente el fraude», señaló.

Asimismo, defendió la necesidad de «decidir y gestionar en Euskal Herria las cotizaciones que empresas y trabajadores pagamos» así como de crear un sistema propio. En esta línea, reclamó también la creación de un fondo de garantía para las pensiones públicas recuperando la parte correspondiente al fondo de reserva de la Seguridad Social.

Ante estas propuestas concretas, Martxueta cuestionó la actuación de las instituciones, de quienes criticó su «pasividad» ante un panorama social de «claro empeoramiento de las condiciones de vida de quienes viven en Euskal Herria» debido a los recortes en pensiones, salarios o servicios públicos entre un «largo etcétera».

En su opinión, las instituciones vascas no reaccionan ante la estrategia de «despiste» que el Gobierno español, desde el comité de expertos, desarrolla para «acometer reformas que activen, impulsen y refuercen la privatización del sistema». Añadió que, mientras tanto, «ocultan» cuestiones como que «el gasto en pensiones en el Estado español con relación al PIB está tres punto por debajo de la media europea o que la reforma laboral, el fraude fiscal o la reducción de salarios reducen la recaudación pública y las cotizaciones».

La secretaria de Políticas Sociales también criticó la postura de la patronal por «negar la negociación colectiva condenando a la miseria a quienes ahora son pensionistas y los que lo serán en el futuro».