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Arrieta (CRL) asegura que la reforma laboral «ha traído más inseguridad»

La judicialización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores será inevitable, a juicio de Tomás Arrieta, presidente del CRL-LHK, que constató el fracaso entre sindicatos y patronal por no lograr un acuerdo interprofesional. Esa realidad generará, por otro lado, una dispersión de soluciones judiciales que harán más difícil unificar los criterios. «Nos enfrentamos a un escenario notable de inseguridad», señaló, mientras admitió el fracaso de la reforma.

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Juanjo BASTERRA | BILBO

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL-LHK), Tomás Arrieta, presentó el informe sociolaboral del organismo referido a 2012. Admitió que la reforma de la negociación colectiva ha traído «una complicación seria» al mundo del trabajo y añadió que la reforma aprobada por el Gobierno del PP, que otorga todas las competencias a la patronal, va a causar problemas importantes. Anunció que «desconocemos qué va a pasar con quienes queden fuera de la negociación colectiva. Por lo tanto, los tribunales laborales van a tener múltiples reclamaciones», porque no ve ninguna salida al respecto.

En este caso, Arrieta admitió, además, que «la respuesta judicial no es la adecuada, porque generará más dispersión de soluciones, lo que costará unificar en un futuro próximo». El presidente del CRL-LHK admitió que esa realidad genera un «escenario notable de inseguridad».

A esas incógnitas sumó otra como es la necesidad de recuperar los convenios que decayeron el pasado 7 de julio. «Porque hay bastantes casos que están en colisión y concurrencia con convenios estatales y, sin embargo, necesitan eficacia para su desarrollo».

Arrieta admitió que hizo todo lo que estuvo en sus manos por conseguir un acuerdo interprofesional para resolver esta situación de inseguridad, pero «terminó sin acuerdo». Para él, la solución pasa por un acuerdo, pero, aunque no lo dijo de forma expresa, admitió que es difícil porque en este momento todas las bazas las tiene la patronal que, por otra parte, las está aprovechando para reducir salarios y empeorar las condiciones laborales.

A su juicio, las reformas laborales que ha llevado adelante el Gobierno español han elevado la «inseguridad» y, a la vez, no han conseguido sus objetivos de estabilización del empleo, porque la temporalidad de los contratos se mantiene durante el tiempo.

Arrieta afirmó que los trabajadores vascos, que han quedado sin cobertura de un convenio, han pasado del 4% al 38%, es decir de 21.579 a 227.352, al decaer gran parte de los convenios por efecto de la reforma laboral. Según los datos aportados ayer por el CRL-LHK, si hasta el 7 de julio el 96% de los asalariados vascos, unos 580.875 trabajadores, tenía la protección de la negociación colectiva, a partir de esa fecha solo el 62% tiene esa cobertura, es decir 375.102 trabajadores. Ese porcentaje crecerá porque al final de año si no se renuevan los convenios de otros 123.516 trabajadores que terminan el período de un año de ultraactividad, perderán su vigencia para entonces y pasarán a depender de un convenio de ámbito superior, como ha ocurrido en este momento.

El CRL constató que «nos encontramos en niveles de empleo de 2004» y admitió que «no se ve todavía el momento de recuperación». Porque la economía no crecerá de forma ágil, aunque sí ha atenuado su caída. Si no crece el empleo, sí los beneficios empresariales.

La Audiencia Nacional mantiene la vigencia de los convenios

La Audiencia Nacional considera que las condiciones laborales de los trabajadores plasmadas en convenios colectivos firmados antes de la aprobación de la reforma laboral tienen vigencia más allá del año estipulado en la nueva normativa para que expiren.

En una sentencia, la primera en la que la sala de lo social de este tribunal se pronuncia sobre la ultraactividad de los convenios, los magistrados estiman la demanda interpuesta por el sindicato Sepla-Air Nostrum contra la compañía, en la que la Audiencia declara la vigencia del acuerdo hasta la aprobación de uno nuevo. Para la Audiencia Nacional, el periodo de un año introducido con la modificación de la Ley 3/2012 de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, no puede aplicarse sin más de forma inflexible, sino que habría que estudiar la voluntad de ambas partes a la hora de aplicar la ultraactividad, es decir, la vigencia de sus condiciones más allá del periodo para el que fueron pactadas.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, pidió al Gobierno español que termine «antes de final de mes» la evaluación de la reforma del mercado de trabajo de 2012 y presente «las modificaciones que fueran necesarias para setiembre de 2013, para hacer frente al nivel inaceptablemente elevado de desempleo en el país». Esta afirmación la realizó en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de IU, Willy Meyer, que quería saber si el Ejecutivo comunitario comparte una reforma laboral más profunda. GARA

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