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Dimite el presidente autonómico andaluz bajo la sombra de la corrupción
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anunció ayer que dimitirá de su cargo a finales de agosto, si bien mantendrá su puesto de presidente federal del PSOE y de secretario general del partido en Andalucía, que está siendo investigado por el escándalo de los ERE fraudulentos. El PP pidió al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique la situación de Griñán, mientras IU celebró que el partido gobernante en Andalucía vaya «resolviendo sus cosas».
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GARA | SEVILLA
José Antonio Griñán confirmó ayer en una comparecencia pública que el 27 de agosto dimitirá de su cargo de presidente de la Junta de Andalucía, aunque tiene intención de seguir ocupando los puestos que tiene en el seno del PSOE. Griñán no aclaró si seguirá como diputado autonómico o si podría ser nombrado senador por esa comunidad autonómica, ya que dijo no haber hablado aún con su partido, pero aseguró que al final de la legislatura dirá adiós a la política activa.
Explicó que se marcha por varios motivos, aunque los más determinantes afirmó que eran de carácter personal y familiar, pero al ser preguntado sobre hasta qué punto ha pesado en su decisión el escándalo de los ERE fraudulentos, confesó que le «afectan cosas en lo personal y, sobre todo, las mentiras que se están diciendo».
«No hay razones jurídicas»
«Pero les puedo asegurar que no hay razones jurídicas para imputar al presidente de la Junta ni razones jurisdiccionales para que se impute desde ese Juzgado», remarcó Griñán.
Subrayó que el nuevo curso político comenzará con un nuevo presidente, la actual consejera de la Presidencia, Susana Díaz, que ayer fue proclamada candidata por el comité ejecutivo del PSOE-A, por lo que defendió el momento de su retirada.
Desde su llegada a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2009, José Antonio Griñán ha tenido que hacer frente a un escándalo de corrupción que mermó poco a poco la confianza de la opinión pública. El PSOE perdió la mayoría absoluta en su bastión andaluz, donde gobierna desde 1980, en las elecciones autonómicas de 2012, pero pudo mantenerse en el poder aliándose con Izquierda Unida.
El PSOE-A andaluz está siendo investigado por la Justicia en relación al posible desvío, entre 2001 y 2011, de importantes cantidades de dinero procedente de un fondo público para ayudar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabaja- dores afectados por estos ERE. Según los medios de comunicación, las sumas apartadas podrían alcanzar 136 millones de euros.
En las últimas semanas, la investigación se ha dirigido a Griñán, quien fue consejero andaluz de Economía entre 2004 y 2009, pero desde el PSOE insistieron ayer en que su dimisión no tiene nada que ver con este escándalo de corrupción política.
Motivos personales, políticos, de renovación generacional o tal vez el caso de los ERE fraudulentos, todos han pululado en torno a la marcha de Griñán, que llegó a la Junta inesperada y precipitadamente hace cuatro años tras la dimisión de Manuel Cháves -a quien un año después relevó también al frente del PSOE-A- y se marcha deprisa.
Defensor de la igualdad de género y de la capacidad de las mujeres para la gestión privada y pública, el presidente andaluz deja el cargo para situar, con unas primarias también «exprés», a Díaz en su puesto.
Explicaciones y respeto
El portavoz adjunto del PP en el Congreso español, Rafael Hernando, pidió al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique la situa- ción en la que se encuentra el presidente de su partido y lo que le ha llevado a dimitir, haciendo referencia al «mayor escándalo de corrupción de España». Además pidió al PSOE que «deje de acosar» a la juez instructora del «caso de los ERE», Mercedes Alaya.
El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró, por su parte, que celebra que el PSOE, su socio en la Junta, vaya resolviendo «sus cosas». Su homólogo en el ámbito estatal, Cayo Lara, indicó que «respeta profun- damente» las razones de Griñán y dijo que «si algo hay que tenga que ver con la Justicia» y el caso de los ERE, «debe ser la Justicia la que lo determine».
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, proclamada ayer por el PSOE-A candidata a presidir la Junta en sustitución de Griñán, anunció haber acordado con IU mantener el pacto de coalición entre ambas formaciones en la etapa que se abre con el objetivo de agotar la legislatura.
El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, reclamó ayer el adelanto electoral ante el «desgobierno y el estado general de corrupción» en Andalucía y tras la «huida» de José Antonio Griñán al frente de la Junta, pero no desveló quién podría ser el candidato de su partido.
El interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, está citado hoy como imputado ante la juez que investiga los ERE fraudulentos y no tiene intención de acogerse a su derecho a no declarar como han hecho algunos de los 93 imputados en la causa, según dijo ayer a Efe su abogado, José Rebollo.
Gómez Martínez ha sido imputado en la causa junto con otros 19 altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.
El ex interventor general compareció en 2012 ante la comisión parlamentaria de investigación, donde aseguró que detectó y alertó en quince ocasiones de «incumplimientos y deficiencias» en la tramitación de ayudas de la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía «sin procedimiento legal».
En su comparecencia, sostuvo que el marco de las ayudas, la transferencia de financiación, es «perfectamente legal» porque tiene «respaldo» en las leyes presupuestarias de la Junta, pero «inadecuada», y aludió a distintos informes de varios años que detectaron «deficiencias» y vulneración de las normas de ejecución o concesión de subvenciones «sin procedimiento legal».
La declaración ante la juez Mercedes Alaya, al igual que la de otros imputados, se producirá en una de las salas de vistas de los juzgados, aunque fuentes del caso señalaron a Efe que no descartan tener que solicitar una sala de la Audiencia provincial en caso de que acudan a la convocatoria muchos del centenar de abogados personados en la causa, entre defensores y acusadores particulares. GARA