Se ha hecho habitual que altos dirigentes políticos o empresariales imputados en procesos judiciales se quejen de lo que llaman «pena de telediario», en alusión al menoscabo a su imagen. Resulta irrisorio si se compara con el coste personal, y también monetario, aplicado a las víctimas de macrojuicios políticos en Euskal Herria. El diseño decidido por la Audiencia Nacional para las vistas orales de los procesos contra Batasuna y la juventud independentista, que se iniciarán en octubre de modo simultáneo, revela una auténtica operación de castigo. Los juicios serán una especie de «gota malaya» que les obligarán a acudir a Madrid continuamente durante meses, con un coste personal y económico tremendo.

Los 40 procesados por sus responsabilidades en HB, EH y Batasuna -en el mal llamado «sumario de las herrikos»- han estimado el coste que pueden suponer todos los traslados, pernoctaciones, manutención, gastos de defensa... durante los al menos siete u ocho meses que durará su juicio. La cifra resultante asciende a unos 700.000 euros. Si la vista se prolongara aún más, cada semana supondría aproximadamente otros 8.000 euros más. En el caso de los jóvenes independentistas no se puede hacer un cálculo exhaustivo porque solo se ha anunciado el calendario inicial. Serán menos sesiones, pero decenas en el mejor de los casos, por lo que se da por seguro que el coste total de los dos procesos superará el millón de euros.

Obviamente, el tribunal especial podría en primer lugar haber archivado los casos sin llegar a juicio, siguiendo la estela de las absoluciones dictadas, también tras larguísimos procesos políticos, en los casos de Udalbiltza, ``Egunkaria'' o D3M. Igualmente podía haber programado otro tipo de juicios más cortos y menos lesivos para los imputados, con sesiones de mañana y tarde como se hace en otros muchos casos. Sin embargo, se ha optado por un calendario inverosímil, de sesiones solo matinales, y que puede llegar a eternizarse.

Así, en el caso de Batasuna se estipula que las declaraciones de los acusados se prolonguen durante más de un mes (del 17 de octubre al 18 de noviembre). Tras ellos pasarán a testificar, hasta el 17 de febrero, los administradores de las 110 herriko tabernas. No se les cita como imputados pero sí como presuntos responsables civiles, un estatus que les obliga a declarar ante el tribunal y quizás también a acudir a Madrid en la primera sesión. Si ello ocurriera, la imagen sería absolutamente inédita, con un total de 150 personas en los banquillos de uno u otro modo. Hasta ahora, el récord lo tiene el proceso 18/98, en el que fueron juzgadas simultáneamente casi 60 personas.

El calendario anticipado para el juicio contra los 40 jóvenes independentistas resulta aún más enrevesado. Así, se inicia los días 14, 15 y 16 de octubre, luego hay sesiones los 25, 26 y 27 de noviembre, y posteriormente los días 9, 1o y 11 de diciembre. No se ha programado más por el momento, pero a ese ritmo resulta imposible saber cuándo llegará el «visto para sentencia».

Afecciones personales y ayuda

En el cómputo realizado anteriormente no se incluyen afecciones que también tienen repercusión económica muy grave. Lógicamente, habrá muchos acusados con grandes dificultades para mantener su empleo dado el calendario del juicio, que obliga a pedir constantes permisos. Otro tanto ocurre con los estudios, que quedarán inevitablemente interrumpidos.

A nivel personal y familiar, cada caso es un mundo, pero estos macroprocesos provocarán algunas situaciones vitales muy complicadas. Se dan casos como el de una acusada que se encuentra embarazada y espera descendencia para diciembre, por lo que podría perfectamente darse la circunstancia de que el momento le pillara en una sala de vistas a 500 kilómetros de casa. O el de acusados que forman pareja y se verán abocados a abandonar sus hogares, en algún caso incluso con tres hijos pequeños, de modo constante durante varios meses. Si los procesos finalizaran con encarcelamientos, obviamente la situación sería aún más dura.

Todo ello obligará a cada cual a conformar una red de apoyo familiar o social. Los acusados necesitarán igualmente respaldo económico porque resulta imposible afrontar tal volumen de gasto solo con sus medios. Se anuncian bonos a través de los que canalizar aportaciones, y también se ha abierto una cuenta corriente para quien quiera y pueda contribuir a paliar el daño.

Más allá de los perjuicios personales, la puesta en marcha y el modo en que se ejecutarán estos macroprocesos conlleva también un claro objetivo de dañar la actividad política que siguen realizando muchos de los procesados. En el caso de Batasuna, es público y notorio que muchos de ellos tienen responsabilidades en Sortu. Durante miles de horas no podrán atender a su labor porque estarán encerrados en una sala de un tribunal especial, en un polígono apartado de San Fernando de Henares (Madrid).

Once años y medio después del arresto

En realidad, la condena no empieza con estos juicios tan dañinos a todos los niveles, sino que arrancó con el proceso judicial. Un proceso que en el caso de Batasuna se desencadenó con la redada del 29 de abril de 2002, cuando el partido todavía era legal, de modo que aquellos primeros arrestados llegarán a juicio ¡once años y medio después!

La petición fiscal de cárcel en ambos casos es altísima (612 años; 372 por Batasuna y 240 por Segi). Pero cabe recordar que los primeros ya han acumulado 28 años en prisión preventiva y los segundos hasta 50, más de un año por cabeza en este caso. Tampoco cabe olvidar que de los 40 jóvenes que llegarán al banquillo, 32 denunciaron torturas.

El expolio económico tampoco comenzará en los juicios. En ambos procesos, el Estado ya impuso altísimas fianzas por las excarcelaciones: 1.750.000 euros en total.