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La Renta Básica Universal, un nuevo intento desde Catalunya para el Estado español

La Red de Renta Básica impulsó en 2005 un proyecto de financiación de Renta Básica Universal para Catalunya con el objetivo de «garantizar la existencia material de toda la población». Ahora se actualiza y se puede extender al resto del Estado español. En tiempo de crisis, sería un mecanismo para aliviar la situación.

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Juanjo BASTERRA

En un nuevo intento por recuperar la introducción de la Renta Básica Universal, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluis Torrens han revisado el trabajo de 2005 de financiación para Catalunya y han propuesto a través de un modelo de microsimulación un sistema revisado para su financiación. Entonces, llegaban a la conclusión de que por medio de una reforma del IRPF y de la sustitución de los subsidios se podría financiar una Renta Básica de 5.414 euros anuales para todas las personas adultas residentes en Catalunya y de la mitad, 2.707 euros, para los menores. Esa cantidad coincidía con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido en el conjunto del Estado español de 2003, que son los datos que se utilizaron.

En este momento, la revisión se realiza con datos de 2010. En este caso, los tres autores sitúan la cantidad que repercutiría sobre los mayores de edad en 7.968 euros anuales «para garantizar la existencia material de toda persona» y de un 20% de la misma para los menores. Arcarons, Raventós y Torrens explican que esa cantidad es la llamada «renta de suficiencia» que existe en Catalunya, que se fija cada año en los presupuestos. «Sirve a la Generalitat para valorar la situación de necesidad para poder tener derecho a determinadas prestaciones». No se ha revisado ni en 2011, ni en 2012, «tampoco en 2013, que no hay presupuestos aprobados, pero sigue vigente».

Subrayan que el «modelo de microsimulación» que han seguido para financiar esa renta incluye características como la integración de impuestos y prestaciones sociales; la Renta Básica Universal «pagada directamente a cada individuo de forma totalmente incondicional». Sustituye a cualquier otra prestación monetaria pública de una cuantía inferior. «Si la prestación pública es superior, la renta básica queda completada hasta la cuantía que represente esa prestación». Advierten de que los tipos impositivos del IRPF «son los mismos para cualquier renta. Se aplica la misma tarifa en la base general como en la base de ahorro del impuesto». Cualquier deducción, desgravación o exención fiscal del IRPF «quedaría eliminada, ni se permite compensar pérdidas en los rendimientos». La Renta Básica no estará gravada en el IRPF y, por último, admiten que se puedan utilizar otras fuentes de financiación que no sean del impuesto de la renta.

Reducción de la desigualdad

En el estudio se tiene en cuenta la población que contribuye con el IRPF, pero también a un 20% de la población catalana que no aporta en la renta. Sobre el colectivo primero reconoce que la reforma que proponen «supone una reducción del 38% en la desigualdad» entre las rentas altas y bajas, «mientras que el efecto redistributivo que corresponde a la nueva recaudación se cuadruplica». Proponen un único tipo nominal del 49,58% del IRPF, que «no es el efectivo».

Los tres autores afirman que «un tipo único, si se combina con una renta básica, no solamente es fiscalmente progresivo, sino altísimamente progresivo». Se explican: «si la renta básica representa una parte porcentualmente importante de la totalidad de ingresos recibidos, el tipo efectivo se distancia mucho del nominal y a la inversa». El resultado, según su propuesta, «en la decima inferior del IRPF -los más pobres- es que el 49,58% nominal se convierte en un menos 163,9% -negativo, porque se convierte en una transferencia- y en el caso del 2% más rico, el 49,58% se convierte en un 44,28%».

Para el colectivo «no IRPF» los autores admiten que se financiaría con la supresión de las ayudas de exclusión social, etc que «quedarían integradas en la Renta Básica Universal». Además, explican que se debería de actuar contra la economía sumergida y el fraude fiscal existente.

Según el cálculo que hacen, «solamente un porcentaje que oscilaría entre el 10% y el 15% de la población más rica saldría perdiendo con la reforma propuesta». Otro porcentaje similar «quedaría en situación parecida a la actual, dependiendo claro está de la situación de sus respectivos hogares, y entre un 70% y 80% de la población situada en los niveles inferiores de renta de los otros grupos saldría ganando con la reforma».

Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluis Torrens concluyen que «se produciría una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años».

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