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Fernández Díaz admite que le preocupa el Parlamento navarro y lo combate con el TC

 

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El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, mostró su preocupación «por lo que está ocurriendo en el Parlamento navarro», al considerar que se están aprobando leyes que van en contra de la Constitución española, según señaló en una entrevista publicada ayer en «Diario de Navarra».

«Ya sabemos que el Gobierno foral no tiene mayoría -apuntó antes que nada para exculpar a UPN-. Pero eso de que se estén sistemáticamente aprobando iniciativas en el Parlamento con una presunción de inconstitucionalidad muy clara, hasta el punto de que está obligando al Gobierno de España a recurrir ante el Tribunal Constitucional, dice muy poco de quienes las están promoviendo», señaló.

A juicio de Fernández Díaz, actualmente en el Parlamento navarro «se están uniendo grupos políticos que no deberían estar juntos», en referencia al PSN, que ha votado en varias ocasiones junto a Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai.

«Por el respeto que le tengo al Partido Socialista, no quiero ir más allá», añade, tajante, Fernández Díaz en la entrevista. Resulta inhabitual que un representante institucional valore en estos términos la actuación de otra institución.

Ante esta situación, el ministro del Interior destacó que «el interés de Navarra y el de España están intrínsecamente unidos, lo que hace que se superen diferencias en beneficio del interés común que tenemos UPN y PP de colaborar en lo que sea necesario para garantizar, en la medida de lo posible, la estabilidad política de la Comunidad Foral».

Cascada de recursos

Efectivamente, en los últimos tiempos el Gobierno español ha llevado al Tribunal Constitucional varias leyes aprobadas en el Parlamento navarro. Una de ellas fue la relativa al pago de la extra a los funcionarios forales. Otra buscaba esquivar el copago farmacéutico.

Este mismo mes, el Consejo de Ministros ha llevado al Constitucional la ley aprobada por el Parlamento de Nafarroa que obliga a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los ayuntamientos por todos sus inmuebles, salvo por aquellos que sean destinados al culto. Apenas seis días después, el TC lo aceptaba a trámite y dejaba en suspenso la norma foral.

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