El Pleno municipal de Donostia se sumó a las voces que piden que la Iglesia católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y aprobó una declaración institucional en la que se insta a las Juntas Generales a modificar la norma foral existente, a fin de que los ayuntamientos puedan cobrar dicho tributo. Además, se insta al Gobierno español a anular los acuerdos con el Vaticano, que datan de enero de 1979 y en los cuales se contemplan numerosas exenciones fiscales y otras ventajas económicas.

La base del texto fue presentado por diferentes colectivos agrupados en la Plataforma a Favor del Laicismo y posteriormente fue transaccionada por Bildu y PSE, que sumaron sus votos la pasada semana para alcanzar la mayoría necesaria. El PNV se abstuvo y el PP votó en contra.

Recurso navarro

Por lo que respeta a Nafarroa, el Parlamento se personará en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Estado español contra la ley foral -que se aprobó el pasado 28 de febrero- que obliga a la Iglesia a pagar la contribución urbana (IBI) a los ayuntamientos por todos sus inmuebles.

En la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de ayer, los grupos parlamentarios de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E votaron a favor de la ratificación de la ley foral que obliga a la Iglesia a pagar el IBI, mientras que UPN y PP optaron por posicionarse en contra del recurso.