Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia accidentado en las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela el pasado miércoles, y señalado por el Gobierno español como responsable del siniestro, reconoció ante el juez que esa noche se despistó hasta el punto de no saber dónde estaba.

Fuentes próximas al caso informaron a Efe de que el conductor del convoy, al que se le imputan 79 delitos de homicidio y una pluralidad de delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia profesional, reconoció en su declaración del domingo que superaba el doble de la velocidad permitida en la curva de A Grandeira, limitada a 80 km/h. También que creyó que no estaba en este punto del recorrido y que cuando quiso frenar, «que llegó a hacerlo», ya era demasiado tarde. Según las mismas fuentes, Garzón Amo asumió que se trató de un «error humano», una distracción.

No obstante, grupos políticos y sociales inciden en que, más allá del eventual error humano, aún persisten las dudas sobre la seguridad ferroviaria y piden que se investiguen a fondo las causas del accidente y las medidas de seguridad que hubieran evitado que un error humano se transformara en tragedia.

El diputado de IU Gaspar Llamazares anunció la petición de una comisión de investigación sobre el accidente y, en general, sobre la seguridad ferroviaria en el Estado español.

También pedirá la comparecencia en las Cortes de la ministra de Fomento, Ana Pastor, subrayando que ella misma «debería haberla pedido por propia iniciativa ya». Llamazares entiende que, con independencia del factor humano, la seguridad es «manifiestamente mejorable». El parlamentario estimó que el factor humano no puede ser el determinante de un accidente «en una línea de alta velocidad en una zona de transición, en una zona crítica». «Un buen sistema de seguridad no puede gravitar sobre el factor humano», indicó el diputado, que agregó que debe combinarse «con mecanismos automáticos que existen, podían haberse instalado o están instalados y no operativos».

Indicó que «no hay un buen sistema de seguridad» y recordó que el sistema más moderno, el RMTS, no es privativo de la alta velocidad y «podía haberse desarrollado en esta zona crítica» de transición de la alta velocidad a un ferrocarril tradicional con una curva difícil .

También el grupo de Alternativa Galega de Esquerda solicitó una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, en la que demanda que se investiguen las condiciones de seguridad en la red ferroviaria de alta velocidad en Galicia.

Muchas prisas en la acusación

Igualmente, la plataforma «Con los maquinistas», asegura que tras el accidente del tren Alvia hay algo más que un fallo humano. Jesús Pereira Fernández, presidente de la plataforma, opinó que «ha habido muchas prisas» en esta acusación, puesto que ni siquiera se ha abierto todavía la caja negra, -se hará hoy en dependencias judiciales y bajo la supervisión técnica de un perito especialista- y manifestó que «seguramente hay un cúmulo de despropósitos». Entre ellos, mencionó «cuestiones de seguridad» y también que en la etapa de José Blanco (PSOE) como ministro de Fomento se hiciese caso omiso de un informe emitido por los técnicos sobre el trazado de esta curva y se mantuviese tal como está.

Menciona, igualmente, la «rápida comunicación» con las autoridades brasileñas, país en el que un consorcio integrado por Renfe y otras empresas españolas opta a un contrato para construir alta velocidad ferroviaria, unida a la reacción del presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, que insistió en que lo sucedido «no se ha producido en una vía de alta velocidad, no se ha producido en un tren de alta velocidad y, por lo tanto, no es aplicable a lo que entenderíamos por un accidente en un tren de alta velocidad». «Están con el `cú de palla'», una expresión gallega con la que evidencia el temor «de las huestes gobernantes» a que esta operación se caiga, indicó Pereira.

El secretario de organización del sector ferroviario de UGT en Galicia, Ángel Rodríguez, también criticó que «desde un principio se haya echado todo encima del compañero» Garzón. «Ha salido su fotografía, cuestiones familiares, su nombre completo... Esto ha sido rarísimo. Lo han querido satanizar».

La asociación de consumidores Facua reclamó al Gobierno español la «máxima transparencia» a la hora de determinar las causas del accidente y dirimir responsabilidades. En este sentido, Facua solicitó al Ejecutivo que explique los motivos por los que el tramo de línea en el que se registró el accidente «carecía de un sistema de frenado automatizado que, según los expertos, podría haber evitado la tragedia». Para la organización de defensa del consumidor, el descarrilamiento «pone de relieve la necesidad de revisar la seguridad ferroviaria» y pide que la investigación «se haga extensiva a todas las líneas de la red nacional de ferrocarriles y que se promueva la sustitución inmediata de sus equipos de seguridad por otros más modernos y eficientes en los casos en los que se detecte que hay carencias».

Facua quiere además que las asociaciones de consumidores formen parte de la comisión de investigación.

Por otro lado, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia avalaron la decisión de poner en libertad como imputado al maquinista, pues la prisión provisional no debe emplearse como «escarmiento» ni para adelantar la posible pena. Ni el fiscal ni el resto de las partes personadas -Renfe, Adif y dos aseguradoras- la han pedido.