Trabajadores de Incoesa dicen que la Diputación tiene la llave
La jueza del Juzgado de Durango y el administrador concursal, Javier Santamaría, dieron autorización a Incoesa para que saque los transformadores en plena huelga. Los trabajadores llevan 65 días a las puertas de la fábrica para rechazar la deslocalización. Dicen que la Diputación de Bizkaia tiene la llave de la solución, pero «no actúa ante esta desesperación».
Juanjo BASTERRA | BILBO
Las alertas saltaron ayer en Bedia. La jueza del Juzgado de Durango y el administrador concursal de Incoesa, Javier Santamaría, permitieron a la dirección sacar la producción de transformadores -los terminados y los que están avanzados-, a pesar de que los trabajadores cumplieron 65 días de huelga a las puertas de la empresa. Rechazan su traslado a Cáceres y a Soria, que supondrá el cierre de la planta de Bedia y que deja a más de un centenar de trabajadores sin futuro.
Para estas horas, quizá «los camiones esquiroles» de la empresa hayan penetrado en la empresa con el apoyo de la Ertzaintza, que se negó a hacerlo si no había una orden judicial.
Trabajadores de Alfus FCC Ámbito, que también están en huelga, a unos metros de Incoesa, se colocaron en el «muro popular» delante de la puerta de la empresa. Junto a ellos, trabajadores de Incoesa, familiares de éstos y jóvenes de Arratia que ven como «nos dejan sin empresas estos empresarios espabilados», precisó uno de los jóvenes. Juan Jesús Sánchez, responsable de LAB, reconoció que «vendrán cuando quieran», así se refería al convoy que el empresario Higinio Arteta, natural de Bedia, enviará para sacar el material y mandarlo a Cáceres o a Soria.
Juan Carlos Vizán, responsable de LAB de la zona, entabló conversación telefónica con el administrador concursal para informarle de las irregularidades en que estaban incurriendo.
La primera es que los trabajadores tienen derecho a la huelga y esa manera de proceder «vulnera la misma», pero, además, la empresa se encuentra en concurso de acreedores «no está cerrada, no se pueden llevar productos ni nada de dentro porque todavía no se ha dictaminado su cierre. Lo tiene que decidir un juez mercantil».
Llegados a este punto, el responsable de LAB recordó que la Diputación de Bizkaia «puede hacer más de lo que está haciendo». Porque «puede utilizar la norma foral, que ellos mismos aprobaron, para declarar la deslocalización, lo que implica revisar las subvenciones que ha recibido la empresa» e Incoesa «tendría que devolver las que ha recibido desde hace ocho años» y se podría extender a socios de la compañía esa decisión.
Por ello, hizo un llamamiento directo a José Luis Bilbao para que intervenga y paralice esta deslocalización.
A Bedia también se acercaron dos parlamentarias de EH Bildu, Maribi Ugarteburu y Arri Zulaika, y el juntero de esa coalición, Asier Arana, para mostrar su apoyo a los trabajadores. Ugarteburu indicó que «es una deslocalización de libro» y culpó de esa decisión «a un empresario sin escrúpulos que tras recibir ayudas públicas y exenciones fiscales va a cerrar la planta de Bedia para aumentar sus márgenes de ganancia».
La parlamentaria espetó directamente al diputado general José Luis Bilbao a que actúe. «La Diputación sigue sumida en la parálisis, mientras avanza el desmantelamiento industrial».
El Juzgado de Durango y el administrador concursal de la compañía que preside Higinio Arteta dieron el visto bueno a que se saque el material, pese a que los trabajadores llevan ya 65 días en huelga para evitar el traslado a Cáceres y Soria.