El Gobierno de Lakua recibió más de 1.900 quejas de ciudadanos por discrepancias con el baremo que se les ha aplicado para pagar por sus medicamentos a partir de la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del nuevo sistema de copago farmacéutico, que implica un mayor desembolso económico para la adquisición de medicinas.

El director de Farmacia del Gobierno de Lakua, Iñaki Betolaza, compareció ayer en el Parlamento de Gasteiz para informar sobre la evolución del copago al cumplirse un mes de su puesta en marcha y expresó su preocupación por el elevado número de quejas, aunque destacó que la solución depende de Madrid.

Tras insistir en que Lakua puso el sistema en marcha obligado, Betolaza cifró en cerca de 470.000 euros el coste que ha supuesto el despliegue del nuevo modelo, para cuya aplicación ha sido necesario adaptar las infraestructuras y aplicaciones informáticas. Lakua calcula que este sistema permitirá ahorrar entre 16 y 20 millones de euros al año en gasto farmacéutico.

Betolaza explicó que el Departamento de Salud ha recibido hasta el momento 10.745 llamadas relacionadas con consultas sobre el copago farmacéutico. El 18% de ellas -más de 1.900- han estado motivadas por discrepancias de la ciudadanía con el baremo que se les ha aplicado para cobrarles las medicinas.

El nuevo sistema de copago farmacéutico, que entró en vigor en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el 1 de julio, obliga a desembolsar mayores sumas de dinero por los medicamentos para buena parte de los usuarios. El porcentaje que se cobra en cada caso se calcula en función de los ingresos del paciente, de forma que a cada ciudadano se le asigna un código que determina la suma que han de abonar en la farmacia al entregar la receta ordenada por el médico.

Principios vulnerados

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera criticó la actitud mantenida por Lakua, «ya que dice que está en contra pero la aplica sin rechistar, sin defender ni sus competencias ni los derechos de la ciudadanía vasca. Es inadmisible porque da la espalda al derecho a la salud y además intenta ocultar las consecuencias de esa medida».

Ubera añadió que «el Ejecutivo vulnera los principios básicos de universalidad e igualdad en el sistema sanitario, ya que cada persona tendrá más o menos derechos en función de sus posibilidades económicas o de su procedencia, caso de las personas inmigrantes, con lo que se hace una graduación entre unas personas y otras».