El juez cita como testigos a Cospedal, Arenas y Álvarez Cascos
A 48 horas de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tenga que explicar en el Congreso la supuesta contabilidad B del PP, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como testigos a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, para que declaren sobre los papeles presentados por Luis Bárcenas.
GARA | MADRID
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos han sido convocados para que declaren como testigos los próximos 13 y 14 de agosto por el juez Pablo Ruz, y aclaren la supuesta contabilidad B del partido.
El nombre de Cospedal apareció junto al del presidente del PP y del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una lista de dirigentes del partido que habrían recibido dinero no declarado del exgerente y extesorero Luis Bárcenas entre 1990 y 2009.
La citación -en la que como testigos están obligados a declarar la verdad- llega dos días antes de que Rajoy, sometido a una fuerte presión política, comparezca ante el Congreso español para dar explicaciones sobre el caso.
Pese a que el fiscal Antonio Romeral quiso evitar las declaraciones de Álvarez Cascos y Arenas, Ruz entiende que también son pertinentes, ya que ambos fueron secretarios generales del PP «durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes» contables aportados a la causa por Bárcenas.
Entiende el juez que, aunque los cargos de Álvarez Cascos (1989-1992) y Arenas (1982-2002) en la secretaría general se corresponden con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, «pueden aportar datos relevantes para la investigación» y explicar el procedimiento de recepción de donaciones «anónimas» en el PP entre 1992 y 2008.
Cospedal y Arenas acudirán a la Audiencia Nacional para declarar, renunciando así a la posibilidad de hacerlo en sus respectivos despachos. La petición de la acusación de que declarara Cospedal es anterior a la declaración de Bárcenas del pasado 15 de julio, en la que aseguró, entre otras cuestiones, que le dio a ella y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 90.000 euros en total en sobresueldos en negro. En este mismo auto, Ruz acuerda también citar como testigos al cajero del PP Antonio Ortíz y al gerente que sucedió en ese cargo a Luis Bárcenas, Cristóbal Páez.
Documentación de empresas
Requiere además al PP que identifique a todos aquellos que «podrían haber tenido acceso a la contabilidad» del partido desde 2002, y a los tres auditores internos sobre los que declaró en su día la actual tesorera del PP, Milagros Puente.
También pide documentación a varias de las empresas que aparecen como donantes en los «papeles de Bárcenas» y cuyos propietarios están imputados en la causa. Entre ellas, Sando, OHL, Azvi, Sacyr-Vallehermoso y FCC.
A la vez que el juez tomaba esta decisión, las organizaciones que forman parte de la acusación popular registraron ante la Audiencia Nacional un escrito para la práctica de medio centenar de nuevas diligencias, entre las que están la citación como testigos de los dirigentes del PP Federico Trillo, exministro de Defensa y actual embajador en Londres; José Manuel Romay Becaría, tesorero del PP hasta marzo de 2012 y actual presidente del Consejo de Estado; Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente y hoy presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores además de una nueva batería de empresarios que aparecen vinculados con los «papeles de Bárcenas». Por otra pare, el juez Ruz decretó el embargo de propiedades inmobiliarias del extesorero del PP, entre ellas su domicilio familiar, al transcurrir el plazo que le otorgó para que depositara la fianza civil de 43,2 millones de euros que le impuso y para que designara los bienes susceptibles de embargo.
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, dijo que la comparecencia de Rajoy en el Congreso «forma parte de un teatro». Afirmó que «la corrupción es parte esencial del sistema» y explica «cómo determinadas empresas y el poder financiero compran a los gobiernos para que hagan la política que les interesa».
El Tribunal Supremo italiano comenzó ayer una audiencia crucial para Silvio Berlusconi que podría suponer un golpe letal a su carrera parlamentaria y poner en peligro la frágil coalición de gobierno. El tribunal debe decidir si confirma la condena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por fraude fiscal.
El gobierno catalán acordó ayer pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, en 24 procedimientos de recursos de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte la Generalitat. «No es una recusación genérica, sino para 24 conflictos que están en curso» y de los que forma parte la Generalitat, el Gobierno o diputados del PP, afirmó el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs. Afirmó que el Ejecutivo catalán usa «la propia medicina» y los mismos argumentos del PP cuando este partido pidió la recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, con motivo del litigio del Estatut, después de conocerse que este jurista había asesorado a la Generalitat en la redacción del texto estatutario.
La decisión adoptada ayer por el Consell Executiu en su reunión semanal ordinaria llega después de que el gabinete jurídico de la Generalitat, al que se le pidió un informe la semana pasada, haya concluido que la militancia de Pérez de los Cobos en el PP «permite apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad» en las causas que afectan a la Generalitat. GARA
