El lehendakari, Iñigo Urkullu, flanqueado a su izquierda por el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, y a su derecha por el de Hacienda, Rikardo Gatzagaetxebarria, presentó ayer la estrategia gubernamental para el redimensionamiento y la racionalización del sector público de la CAV. Un plan que, según se dijo, aúna todas las virtudes que puede tener un programa de estas características. Por un lado, adelgaza la Administración, eliminando hasta un total de 50 entidades públicas del Gobierno o participadas por este y, al mismo tiempo, se compromete a mantener el empleo existente. ¿Todo el empleo? Eso ya no está tan claro. Urkullu dijo textualmente que «intentarán» («saiatuko gara») mantener los puestos de trabajo y en otras ocasiones se refirió a los «laborales indefinidos».

La presentación de la estrategia aprobada ayer por el Consejo de Gobierno tuvo un marcado carácter propagandístico, incidiendo en que la reducción era una iniciativa unilateral del propio lehendakari y un compromiso electoral del PNV.

En su discurso, Urkullu no dudó en señalar a su antecesor, Patxi López, asegurando que «hemos conocido muchas propuestas de intención» de acometer una reducción del entramado institucional, pero «la diferencia es que ahora el Gobierno Vasco ha tomado la decisión unilateral de hacer efectiva esta reducción».

A esta apreciación, que es cierta, le falta otra parte de la ecuación: que fue durante las tres últimas legislaturas con el PNV en el gobierno cuando se dio el gran salto en lo que ahora se define como «desarrollo de múltiples sociedades, fundaciones y organismos privados», con una «exuberancia de programas», que provocó «escasa transparencia», «intento de competencia con el sector privado sin éxito», «falta de flexibilidad en las plantillas» y «excesivo presupuesto en relación al valor aportado». Sirva como ejemplo el dato de que en las últimas legislaturas del PNV se pasó de 25 sociedades públicas a nada menos que 40.

De 192 a 142 entidades

En este contexto, la estrategia gubernamental tiene tres objetivos centrales. El primero de ellos es reducir las actuales 192 entidades públicas o participadas por Lakua, a 142. Es decir, se propone la eliminación de 50 de ellas, lo que se tasa en el 26%.

El gran peso de esta reducción recae sobre entidades participadas, que se propone que pasen de 123 a 88, con la eliminación de 35 de ellas.

Pese a lo que pudiera parecer por los discursos oficiales, esta reducción no se hará con carácter inmediato, sino a lo largo de toda la legislatura y más allá. Este año el Ejecutivo propone deshacerse de 6; en 2014, de 13, y así hasta la liquidación total en 2017. Sin embargo, en muchos casos la posibilidad de liquidar o vender estas entidades no depende del propio Ejecutivo, sino que hay otros socios o se deben buscar compradores, lo que no siempre será fácil cuando algunas entidades carecen de valor.

En cualquier caso, llama la atención el listado de entidades participadas y las actividades a las que se dedican algunas de ellas.

La evaluación realizada por la comisión interna del Gobierno de Lakua que ha desarrollado esta estrategia de redimensionamiento propone mantener los nueve organismos autónomos actuales, los nueve entes públicos de derecho privado y la práctica totalidad de las sociedades públicas.

En este último terreno Lakua contempla que entre los años 2014 y 2015 se proceda a fusionar en una única entidad los tres parques tecnológicos y agrupar los «industrialdea» en uno por cada territorio.

El Ejecutivo también contempla disolver antes de que finalice 2013 la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril, cuyas funciones propone integrar en Eusko Trenbideak.

47 cargos directivos menos

Un segundo objetivo de esta estrategia de redimensionamiento del sector público es la reducción de puestos directivos. Según los datos ofrecidos ayer por el Gobierno, hasta la pasada legislatura la Administración pública ha contado con una estructura directiva de 239 personas, y la propuesta actual es reducirla a 192. Esto supone 47 directivos menos.

Buena parte de este adelgazamiento del sector público se concreta en la reducción de 28 puestos directivos en Euskal Irrati Telebista, Osakidetza (22) y otros entes, además de otros 17 en las sociedades públicas. Según fuentes del propio Ejecutivo, la mayor parte de estos puestos están ya amortizados, dado que el Gobierno de Urkullu no llegó a realizar los nombramientos. Caber recordar que el lehendakari asumió desde un principio el compromiso de reducir en un 20% los altos cargos del Gobierno y, por tanto, también de otros organismos dependientes de él.

A estos 47 deberán sumarse los cargos directivos que desaparezcan con la liquidación o venta de las 35 entidades participadas y que no están contabilizados en el estudio.

Gasto corriente

El tercer pilar de la estrategia del Gobierno es la reducción de las aportaciones para gasto corriente. Según las cifras ofrecidas ayer, este apartado se reduce en 235 millones de euros, pasando de los 1.119 millones de aportación del pasado año a los 884 millones actuales.

Esto supone que, en realidad, ese ahorro del 21% del gasto corriente se está produciendo ya en el presente ejercicio y afecta, sobre todo, a los organismos autónomos, que ven reducidas sus aportaciones en 202,6 millones de euros y que, sin embargo, siguen manteniendo su actividad y su personal.

Esta circunstancia hace pensar que el gasto corriente podría reducirse más cuando se proceda a la liquidación de las 50 entidades que se pretenden eliminar durante la legislatura. Pero ni el lehendakari ni el consejero de Hacienda supieron dar una respuesta a una pregunta sobre esta cuestión, que además provocó una respuesta un tanto airada de Urkullu.

Este plan de redimensionamiento de la Administración autonómica, que además de una promesa electoral del PNV había sido también solicitado por el Parlamento, será estudiado y discutido en la ponencia sobre duplicidades y estructura institucional, si bien su desarrollo final está competencialmente en manos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.