Casi 100 presuntos criminales de guerra han tramitado peticiones de ciudadanía, asilo o renovación de visado en Gran Bretaña desde enero de 2012, según documentos del Ministerio británico de Interior a los que tuvo acceso la BBC. Sus países de procedencia son, en su mayoría, Afganistán, Irak, Irán, Libia, Rwanda, Serbia y Sri Lanka.

Interior investigó casi 800 casos de solicitudes procedentes de sospechosos de crímenes de guerra y contra la Humanidad, que estén viviendo en Gran Bretaña o hayan pedido el ingreso desde otro país. Tras sus pesquisas, «recomendó» en contra de dar luz verde a los casos de 99 supuestos criminales que solicitaron la ciudadanía británica, el asilo o el permiso para residir indefinidamente allí.

De esos 99, tres fueron deportados, 20 vieron rechazada su petición de asilo y 46 no obtuvieron la ciudadanía británica aunque siguen en el país, mientras que se desconoce el destino del resto.

El Ministerio adujo que el Gobierno está determinado a impedir que Gran Bretaña se convierta en un «refugio para criminales de guerra».

Sin embargo, los informes oficiales señalan que el número de peticiones ha aumentado mucho en comparación con el período entre 2005 y 2012, cuando los funcionarios de Inmigración detectaron la presencia de 700 sospechosos de estos crímenes en el país frente a las 800 solicitudes desde enero de 2012.

En Gran Bretaña es a veces difícil deportar a sospechosos pues estos procesos suelen quedar bloqueados por la Justicia si se cree que los procesados pueden ser sometidos a tortura o pena de muerte en sus países, como es el caso de cinco rwandeses detenidos en mayo acusados de participar en el genocidio de 1994, que acabó con la vida de unas 800.000 personas. Ante esta situación, varias asociaciones de derechos humanos pidieron que, si la deportación falla, se habiliten herramientas que permitan juzgarles allí.