EH Bildu comunicó ayer su intención de extender cláusulas sociales en las contrataciones y compras públicas de las instituciones que gobierna. En línea con lo aprobado por las Juntas Generales de Gipuzkoa, más de un centenar largo de ayuntamientos no harán contrataciones públicas a empresas que no garanticen el cumplimiento de convenios colectivos con condiciones laborales dignas y un empleo de calidad. En la medida de lo posible, por tanto, no habrá dinero público para aquellas empresas que guiadas por la avaricia, aunque tengan la ley de la reforma laboral de su parte, pretendan hacer «la oferta más económica» a costa de los derechos de los trabajadores. El mejor contrato no siempre es el más económico, y defender desde la inversión pública otro tipo de política socioeconómica es algo que beneficia a la comunidad. Es, simplemente, utilizar una de las herramientas más relevantes al servicio de la cohesión social. Una muy buena noticia.

No faltarán lobbies e intereses creados que pongan el grito en el cielo. Tampoco voceros que telegrafíen sus quejas y amenazas. Pero se trata de favorecer a la comunidad, a sus trabajadores, a la calidad de vida. Eso, siempre merece la pena.