El CSN avala la intención del Gobierno español de que Garoña sea abierta de nuevo
El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado su visto bueno al decreto sobre la gestión de las centrales nucleares que proyecta aprobar el Gobierno español. Esa norma pretende abrir la puerta a que la empresa propietaria de la central de Garoña pida la «renovación» de la autorización de explotación. En cualquier caso, si el decreto llegase a entrar en vigor, la planta burgalesa debería cumplir los protocolos de seguridad post Fukushima, lo que no sucede actualmente.
Txisko FERNÁNDEZ | DONOSTIA
La decisión del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear -adoptada el martes pero que no se hizo pública hasta ayer- ha sido la esperada, puesto que anteriormente ya había avalado otro borrador remitido por el Gobierno de Mariano Rajoy muy similar al nuevo «Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos». No por esperada pasó inadvertida esa decisión para formaciones políticas y grupos ecologistas, que centraron sus reacciones en la posibilidad de que la central de Garoña vuelva a ser activada.
Cabe destacar que, pese a que en su reunión del pasado 24 de abril el CSN también respaldó el borrador del proyecto gubernamental, desde el 6 de julio la central de Garoña ha entrado en fase de cierre definitivo y que, desde el 1 de enero de este año, está desconectada de la red eléctrica por decisión de Nuclenor.
Lo que ha obligado al CSN a posicionarse de nuevo es que el Ministerio de Industria introdujo ciertas modificaciones en el proyecto de decreto, por lo que lo remitió de nuevo a este organismo el 11 de julio. Y esos cambios tienen un objetivo particular muy claro, dejar la puerta abierta a que Garoña pueda volver a funcionar, como indica el propio informe publicado ayer: «Se refieren [las modificaciones] a la posibilidad de que una vez se haya producido la declaración de cese definitivo (sustituido en la nueva redacción por «cese de actividad») de una instalación nuclear, siempre que ello no hubiera obedecido a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, el titular pueda solicitar una renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de declaración de cese».
Retroactividad
El embrollo legal que está tejiendo el Gobierno de Mariano Rajoy en su afán de facilitar la «reapertura» a Nuclenor -propiedad al 50% de Endesa e Iberdola- es tal que pretende cambiar el significado del término «definitivo» con retroactividad. Así lo estipula en la nueva redacción de la norma: «Todas aquellas instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto (...), hubieran obtenido la declaración de cese definitivo de la explotación, podrán solicitar la renovación de la autorización de explotación en los términos previstos...».
Lo sorprendente es que el CSN no hace ninguna valoración jurídica a esta «disposición transitoria sexta», alegando que ya ha hecho sus comentarios al referirse al artículo 28.1 del decreto. Pero obvia el hecho fundamental, que el mismo informe del CSN destaca previamente, de que en la nueva redacción «se elimina el adjetivo «definitivo» del primer párrafo del punto 1 del art. 28 y se cambia «cese definitivo de la explotación» por «cese de dicha actividad»».
El informe fue aprobado con el voto de cuatro de los cinco componentes del Pleno del CSN y con la oposición de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su voto particular, Narbona subraya, entre otros puntos, que este decreto vendría a reformar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) de forma irregular, ya que previamente no se ha realizado «una valoración pública global».
La autorización para producir energía nuclear que tenía Nuclenor expiró el pasado 6 de julio y, desde entonces, la central de Garoña se encuentra en fase de cese definitivo de explotación.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un dictamen favorable al texto enviado por el Gobierno del PP. En su voto particular, Cristina Narbona expone sus dudas sobre cómo puede «renovarse» una licencia ya caducada.
«Para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria está quebrantando el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas». Así de tajante se expresó la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace en el Estado español, Raquel Morón, en declaraciones a Europa Press.
Esta organización ecologista ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto para la gestión de las centrales nucleares elaborado por el Gobierno del PP. Entre otros motivos, Morón destacó que «lo más grave» es la vulneración de la seguridad jurídica, recogida en los principios constitucionales, porque el ordenamiento jurídico «debe dar confianza» y «no se puede cambiar la ley cada dos días».
En la misma línea se pronunció Ecologistas en Acción: «Estos cambios se hacen de forma acelerada, sin un estudio profundo de lo que supone para la seguridad nuclear, contraviniendo todas las normas sobre buenas prácticas emitidas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), de cuyo convenio España es firmante».
En cambio, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, calificó de «muy buena noticia» el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que respalda el nuevo decreto.
En Euskal Herria, EH Bildu acusó al PP de «pretender arrasar Araba con la reapertura de una central nuclear obsoleta y, sobre todo, insegura», por lo que insistió en que «la única garantía de que el cierre del 6 de julio sea definitivo es que se inicie cuanto antes su desmantelamiento». GARA
