El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió ayer un informe favorable al Real Decreto que prepara el Gobierno español sobre gestión de centrales nucleares por el que se permitiría la reapertura de Garoña. El PP nunca ha ocultado su intención de mantener en funcionamiento las instalaciones burgalesas, y esta decisión, adoptada bajo presiones del propio Ejecutivo según indicó el dirigente del PSOE Hugo Morán, le da la coartada para ello.

Frente al alborozo de la Junta de Castilla y León, en Euskal Herria la noticia ha sido acogida con rechazo, después de que hace tres semanas se ejecutara el cierre de la central con la esperanza de que fuera definitivo. Esperanza y desconfianza al mismo tiempo, porque en este tema siempre han prevalecido los intereses del lobby nuclear, también cuando Rodríguez Zapatero residía en La Moncloa y optó por alargar la incertidumbre hasta este año, sabiendo que el PSOE ya no gobernaría. Ahora, con Rajoy en el Ejecutivo, el CSN ha optado por contravenir los convenios internacionales sobre la materia y dar luz verde a una nueva normativa elaborada expresamente para que Nuclenor pueda reabrir Garoña. De esta forma, un organismo estrictamente político -el Pleno lo componen dos representantes del PP, dos del PSOE y uno de CiU- y que se guía por criterios ajenos a la seguridad nuclear vuelve a poner en jaque la salud medioambiental y el futuro de este país.

Secundando los deseos del Gobierno y atendiendo a los intereses del sector energético, el Consejo de Seguridad Nuclear lo único que hace es crear inseguridad a quienes residen cerca de Garoña. Y «cerca» es una definición muy flexible cuando se trata de energía atómica. En todo caso, nada está cerrado en este tema y una eventual reapertura depende todavía de muchos factores, también del coste que le puede suponer al PP, en caída libre en la CAV, profundizar en ese camino. Es por ello que sigue siendo necesario mantenerse alerta y movilizarse para que el candado permanezca echado.