El Gobierno navarro ha respondido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara al margen de la legalidad las obras del TAV acometidas en Nafarroa apelando al Ejecutivo español para que interponga un recurso de casación contra la misma. Lejos de asumir el fallo y enmendarse, UPN se aferra a un proyecto que ni siquiera se parece al inicialmente previsto y que va a provocar, ya lo está haciendo, una sangría en las arcas del herrialde. Si prevaleciera la racionalidad, esta infraestructura nunca habría pasado del papel al terreno, pero en esta materia ni Iruñea ni Gasteiz hacen gala de esa cualidad que dicen caracteriza a los seres humanos.

En su defensa, el Gobierno navarro esgrime una ley de 2010 en la que se acordaba que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) formuladas antes de 2006 mantendrían su validez tres años más. Este cambio normativo se produjo ante la constatación de que la paralización, a causa de la crisis, de la mayoría de las infraestructuras proyectadas en el Estado iba a provocar la caducidad de sus respectivas DIA, y pretendía que las declaraciones que estaban a punto de perder su validez siguieran vigentes. Ocurre, sin embargo, que las DIA de las obras del TAV navarro están fechadas en 2004 y para entonces ya habían vencido. Del mismo modo, es irrebatible que la situación socioeconómica es muy diferente a la de la fecha de referencia, 2001, y que el impacto en este ámbito no puede ser el mismo que entonces, como sostiene el Gabinete de Yolanda Barcina. La triquiñuela legal está condenada al fracaso.

Pese a ello, o precisamente por ello, UPN vuelve a acudir a Madrid en busca de auxilio, con la esperanza de que la intercesión del Ejecutivo del PP le ayude a ganar tiempo y ejecutar una política de hechos consumados. Empieza a ser una costumbre que ante cualquier aprieto los mandatarios navarros dirijan sus súplicas a sus homólogos del Estado. Y a lo que se conoce como españolismo navarro ya le empieza a sobrar el apellido.