La tragedia ocurrida en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio nos debe hacer reflexionar, además de sobre sus causas (sean de naturaleza técnica, humana o ambas) para evitar que se repita, sobre el abuso que en España y en otros países se hace de la práctica de la autopsia en general y de la autopsia médico-legal en particular; procedimiento que se ha aplicado a todas las personas fallecidas en dicho accidente.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de nuestro país la autoriza para conocer el origen de la muerte en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad «aun cuando por la inspección exterior pueda presuponerse su causa». Es hora de cambiar ya las normas que permiten la utilización a discreción de un procedimiento tan agresivo e irrespetuoso con los cadáveres y que por ello atenta contra la dignidad de las personas, aunque estas hayan fallecido. Sería lógico realizar la autopsia al maquinista del tren, si hubiera muerto, puesto que, sin duda, habría de arrojar luz sobre el origen de la catástrofe, pero es absurdo y un abuso de Derecho someter a semejante práctica a los cadáveres de los pasajeros dado que el motivo de su muerte es evidente, y para su identificación hay métodos menos cruentos y más respetuosos con la dignidad y la integridad del propio cuerpo muerto al que todo ser humano tiene derecho por el hecho de ser humano.