la alta velocidad, al margen de la ley en nafarroa
Iniciar las obras del TAV sin permisos obliga a UPN a pedir otro favor al PP
El Gobierno navarro desconoce si Madrid recurrirá la sentencia que ha dejado en situación irregular todas las obras del TAV, pero anuncia que presionará para que el caso sea llevado al Tribunal Supremo. Nafarroa ha quedado fuera de juego porque no está personada en la causa. En caso de que el Ejecutivo del PP apele la decisión del TSJM, la gran apuesta estratégica de UPN quedará a expensas de una resolución del TS y, con ella, también el futuro económico de Nafarroa.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El Gobierno navarro ha caído en la cuenta de que su decisión de arrancar las obras del TAV sin los permisos necesarios le ha puesto en una situación muy complicada. El consejero de Obras Públicas, Luis Zarraluqui, anunció que está presionando para que el Estado presente un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha declarado ilegal la construcción del TAV en territorio navarro. Si el Gobierno del PP apela la sentencia, el futuro de Nafarroa quedaría otra vez en manos del Supremo.
Después de que Sustrai -la fundación que denunció que la declaración de impacto ambiental (DIA) estaba caducada- pidiera la dimisión de Zarraluqui, el consejero emitió una nota de prensa insistiendo en que las dos DIA del corredor navarro siguen siendo válidas. En su escrito, se aferra a la ley de 2010 que Madrid elaboró para prolongar la vigencia de las DIA. Pero este argumento es, precisamente, el que ha invalidado el TSJM en la sentencia conocida esta semana, entre otros motivos, porque en 2010 las declaraciones de impacto ambiental ya no eran válidas (habían caducado el año anterior).
Se desconoce si el Ministerio de Fomento recurrirá la ilegalidad de las obras del TAV. Ni siquiera se atreve a adelantarlo el Gobierno navarro en su nota. En principio, el PP no se juega nada, porque la decisión de empezar las obras la tomaron UPN y PSN. No obstante, cabe pensar que Fomento sí lo hará, puesto que el fallo del TSJM puede generarle una cascada de nuevas demandas si deviene firme.
El origen del conflicto es bastante sencillo. Las declaraciones de impacto ambiental son un paso previo que debe ejecutarse cuando las obras tienen una determinada envergadura. Si el proyecto tarda más de cinco años en comenzar, las DIA han de volverse a realizar, porque las circunstancias cambian. En cuanto caduca el estudio, se deriva en inválido. Toda acción posterior (expropiaciones, concesiones, etc.) se convierte automáticamente en irregular.
Antes del arranque de las obras del TAV, Sustrai avisó al Gobierno navarro y a los ministerios de Medio Ambiente y Fomento de que el plazo correspondiente había caducado. Más tarde inició un pleito con Fomento del que la fundación ha salido victoriosa esta semana, aunque la sentencia no es firme.
Pese a saber de la existencia de este proceso judicial por múltiples vías, al Gobierno navarro le pudieron las prisas. Por ello, decidió comenzar a mover tierra en Erribera sin esperar a conocer la sentencia. Ahora, esas prisas se han convertido en un problema de primer orden. Las concesiones realizadas son irregulares y, si decide parar las obras, tendrá que abonar cuantiosas indemnizaciones a las adjudicatarias. Ahora bien, si decide tirar para adelante y, al final, el Supremo ratifica la sentencia, el problema de las indemnizaciones no haría más que aumentar. En todo caso, el recurso daría al Gobierno navarro un plazo de dos o tres años antes de que se conozca el fallo definitivo. Ahora bien, al paso que van las obras, todo hace pensar que el avance en la construcción del TAV no sería sustantivo.
Mientras tanto, el Estado no tiene ninguna prisa ni ninguna necesidad de llevar el caso al Supremo, dado que quien ha decidido empezar con las obras antes de tiempo ha sido Nafarroa y, por tanto, la responsabilidad es de la Comunidad. Además, su interés por el «Corredor navarro» parece muy menguado, después de su decisión de dejar la línea Iruñea-Castejón aislada de toda la red estatal. En principio, el plazo para presentar el recurso era muy corto, de diez días. No obstante, al haberse producido el fallo en agosto (que es inhábil) se prolongará hasta primeros de setiembre.
Con las manos atadas
El Gobierno navarro no tiene capacidad para recurrir la sentencia que deja en el aire toda su planificación del TAV. Nafarroa no está personada en la causa porque la competencia para elaborar y conceder las DIA es de Madrid. Ahora, el Gobierno de Barcina trata de convencer al PP para que apele en base a unos informes que, supuestamente, datan de diciembre de 2010 y que, según confirmaron los abogados de Sustrai a GARA, el Estado nunca ha mostrado durante el proceso judicial.
Según cuenta el Gobierno navarro, estos informes avalarían que las condiciones bajo las cuales se elaboraron las dos declaraciones de impacto (una referida al tramo Iruñea-Castejón y la otra, a la nueva estación de Iruñea) no han variado. Eduardo Santos, abogado de Sustrai, desmiente rotundamente esa conclusión. Y no solo porque no vaya a haber ningún empalme con el resto de líneas del TAV. «Las declaraciones de impacto fueron aprobadas en 2004, pero en realidad los estudios datan de 2001. Esto no va de que hayan crecido nuevos bosques. En una DIA se contempla también la incidencia de la obra sobre las condiciones y el modo de vida de la gente que se ve afectada por la obra. De 2001 a 2013, eso ha cambiado y mucho», afirma Santos.
«Sinceramente, creo que en UPN no se han enterado bien de qué va esto», comenta el abogado tras leer el comunicado del Gobierno. «Para que nos entendamos, lo que ha fallado el TSJM es que no se puede revivir algo que está muerto. Y las DIA del TAV navarro lo estaban ya en 2010. Aun en el caso de que no hubieran caducado, la prórroga que el Gobierno intentó hacer con la ley de 2010 no es automática, tenía unos trámites. Es extraño que el abogado del Estado no sepa que la tramitación se dio pero, aun así, la DIA estaba muerta según el TSJM», explica.
Haciendo gala del acelerón
Sustrai recuerda que el origen de comenzar las obras antes de que se resolviera el litigio fueron dos convenios firmados por el Gobierno navarro con el Estado y con Adif en 2010. Tras la firma de esos documentos, el Ejecutivo foral aseguró que el TAV llegaría a Nafarroa «con una antelación de años o incluso de décadas sobre las previsiones generales».
La decisión judicial deja ahora esta estrategia en entredicho. Pero, en realidad, el TAV navarro se enfrenta a un problema más grave, que es la decisión de Madrid de dejar aislados esos 70 kilómetros entre Iruñea y Castejón. El Gobierno español apuesta por una modificación de las vías cinco veces más barata para los tramos Castejón-Zaragoza e Iruñea-Gasteiz, que es la implantación de un tercer raíl para el ancho europeo. La decisión del Gobierno navarro de ir a toda prisa, por tanto, no solo ha tenido problemas jurídicos, sino que se enfrentaría a otro físico: la infraestructura es inservible.
La fundación Sustrai insistió ayer en que «al menos» debe dimitir el consejero Luis Zarraluqui «debido a la responsabilidad política en cuanto a las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra». Sustrai no centra sus acusaciones solo en UPN y, de hecho, en la rueda de prensa del miércoles recordó que, cuando mantuvieron una entrevista personal con el consejero de Fomento, ese cargo estaba ocupado por Anai Astiz, del PSN. Concretamente, fue Astiz quien dio comienzo a las obras del tren de alta velocidad en Nafarroa y quien se sacó la foto con casco y ropa de trabajo. Las acusaciones de Sustrai se extienden, además, a todas las formaciones que siguen apoyando las obras del TAV a pesar de haber sido convenientemente informadas de que se estaban realizando sin los permisos pertinentes.
De otra parte, la fundación reitera que esos avisos se realizaron con el único objetivo de conseguir que el Gobierno navarro no despilfarrara el dinero acometiendo la mayor infraestructura de la historia del herrialde de forma irregular.
Mientras tanto, Bildu ha activado ya medidas parlamentarias para intentar buscar explicaciones y una solución al problema en el que se ha metido el Gobierno navarro. En un primer momento, ha exigido la paralización de las obras mientras no se resuelva el conflicto jurídico. «La urgente paralización de las obras viene justificada además por el sinsentido de la obra, que ahora mismo solo prevé el tramo entre Iruñea y Castejón, es decir, una isla sin conexión con ninguna otra línea de alta velocidad», añade Bildu. Esta formación también ha pedido la comparecencia urgente de Zarraluqui. Por otro lado, junto con Aralar-NaBai, solicita que Sustrai se explique en el Parlamento. A.I.
