La Justicia hondureña declaró el jueves culpables a dos policías de la muerte de dos estudiantes universitarios, un hecho que llevó a la Fiscalía a descubrir que sedes enteras de la Policía -integrada por 14.500 agentes- formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos.

«Por unanimidad de votos, los declaramos culpables del asesinato en perjuicio de los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez y abuso de autoridad», manifestó la presidenta del tribunal, Ruth Paz, al dictar la sentencia.

Los magistrados ordenaron el internamiento de los cuatro policías en la Penitenciaria Nacional en Tamara y fijaron el 11 de setiembre como fecha para notificarles los años de prisión. El fiscal Juan Carlos Grifin informó a AFP que «la Fiscalía ha pedido la pena máxima y de acuerdo al Código Penal, las penas son de 20 a 30 años de cárcel por cada caso y de 3 a 6 años por abuso de autoridad, es decir, que serían 66 años la máxima y 43 la mínima».

En la sentencia, la juez relató que ambos jóvenes circulaban en la madrugada del 22 de octubre de 2011 en un vehículo en las cercanías del aeropuerto Toncotín, al sur de Tegucigalpa, cuando fueron interceptados por agentes de una patrulla que los perseguía. Al no acatar la orden de detenerse, los policías realizaron cuatro disparos contra el coche, uno de los cuales impactó en la espalda de Vargas, que era el conductor, lo que le obligó a detener el vehículo.

Los policías José Pozo y Santos Pinilla y otros dos que están prófugos recibieron la ayuda de otra patrulla integrada por Gabriel Marcia y Wilson Córdova y entre todos los llevaron al sur de la ciudad donde remataron a Vargas y mataron a Pineda. En el juicio se acreditó que nunca se respetó el derecho a la vida de los dos universitarios.

Vargas era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellaños, quien con los recursos técnicos de la Universidad y videos de establecimientos cercanos al lugar de los hechos logró probar que los autores del crimen eran policías.

«Queremos reconocer a los forenses, a los investigadores que aportaron pruebas y a los fiscales por el trabajo que han hecho, en algunos casos bajo riesgo y amenaza», resaltó Castellanos tras oír el veredicto. «Vamos a continuar, hay una cúpula policial que dejó ir a los que ahora están prófugos. Había una cúpula policial que permitía que esta patrulla, identificada como MI-92, ejecutara jóvenes, no fueron Alejandro y Carlos los primeros, ni probablemente los últimos, pero antes la misma patrulla hacía lo mismo y Los Hornitos se había convertido en un vertedero de cadáveres», denunció.

Según las autoridades locales, cada día se cometen 20 homicidios en Honduras, de 7,6 millones de habitantes.

Por otro lado, ayer una bomba lanzada por desconocidos desde un automóvil en marcha explotó cerca de la residencia del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, en El Chimbo, a 5 kilómetros al este de la capital, sin causar víctimas ni daños materiales.