«No cobramos salario desde noviembre del año pasado. También nos faltan las pagas extras y las vacaciones», según denunció Juan de Dios Alonso, Martín, acompañado de Ildefonso Guardado Módenes, ambos despedidos en este momento de la compañía Aplicaciones Santurtzi, junto a otro compañero. Son afiliados de LAB. Los tres son fijos en la empresa, que de 25 empleados se ha quedado en ocho, «aunque solo tres trabajan», precisaron.

Ambos se encuentran de baja, uno por depresión y otro por un problema médico en la rodilla, pero «todavía la mutua no hemos cobrado nada». De hecho, la propia empresa Aplicaciones Santurtzi «nos ha retenido el dinero que nos tiene que pagar la mutua», denunciaron.

Juan de Dios Alonso aseguró a GARA que llevaba 29 años en la empresa, pero sólo con contrato fijo desde los últimos diez, Ildefonso Guardado llevaba 18 años en la empresa, pero fijo los diez últimos. «Hemos tenido siempre contratos eventuales. Esta empresa funcionaba bien. Se dedica a la pintura decorativa. estábamos entre 20 y 25 personas, pero en los últimos cinco o seis años se marchó el dueño, Juan Cortés, y dejó la empresa en manos de los hijos, Juan Carlos Cortés e Iñaki Cortés».

A partir de ese momento, según relatan ambos, «todo ha ido mal. Hemos tenido problemas con el cobro de los salarios. Se retrasaban y ha entrado a mal». Explican que «en ningún momento hemos dejado de trabajar, incluso en este período tan largo que nos tiene sin pagar. Nos han propuesto días de fiesta y sábados para llevar a cabo trabajaos. Cogieron a una persona en marzo».

Como denuncian ambos, los responsables de Aplicaciones Santurtzi «están diciendo que no les pagan por trabajos hechos, pero sabemos que es mentira . Igual tienen alguna deuda pequeña, pero ellos se han beneficiado de las exenciones fiscales». Creen que al resto de la plantilla «no les pagan».

También denuncian que los propietarios querían hacer frente a esa deuda salarial de más de 20.000 euros a cada uno por medio de un pabellón industrial en Barakaldo. Sin embargo, los trabajadores se dieron cuenta que no solo están hipotecados sino que tienen cargas diversas. Ambos rechazan, «como dicen los dos propietarios», que se hayan negado a llegar a un acuerdo, pero «nos andan con mentiras y amenazas».

Los tres trabajadores expulsados han llevado este caso a la Inspección de Trabajo y al Juzgado de Lo Social para «recuperar la dignidad y cobrar».