Los grupos municipales de PNV, EH Bildu y PSE han consensuado una moción para crear una comisión de investigación que determine las posibles «responsabilidades políticas y legales» que pudieron existir por el contrato firmado en 2007 por el Gobierno municipal del PP para el alquiler de unas oficinas en la calle San Antonio. La comisión -cuya creación está garantizada dado que, como recordó Europa Press, sus promotores suman mayoría absoluta en el Consistorio- investigará el contrato suscrito en 2007 por el equipo de Gobierno del PP, entonces liderado por Alfonso Alonso, y en el que el actual alcalde, Javier Maroto, era edil de Hacienda.

Un informe de la secretaria general del Pleno ha determinado que el contrato fue adjudicado de forma directa y sin concurrencia. Además, en opinión de la oposición contempla condiciones «abusivas», que hasta ahora han supuesto un desembolso de 2.600.000 euros para las arcas municipales. Y se ha indicado que la persona que resultó favorecida es un empresario afín al PP.

Por su parte, Maroto señaló ayer que no tiene «nada que ocultar» en relación a este tema.