Hasta el 1 de agosto era raro que los conductores que circulaban en el Estado español o francés y que habían cometido un exceso de velocidad en el «otro lado» recibiesen las sanciones en sus domicilios. En adelante, debido al acuerdo suscrito entre ambos estados, las notificaciones de multas llegarán a las casas de los infractores ya que, en base a la directiva europea 2011/82, compartirán las bases de datos de tráfico.

En realidad, la norma entrará en vigor en noviembre en todo el territorio europeo, pero París y Madrid han adelantado su aplicación.

Por el momento, no existe armonización sobre el monto de las sanciones, por lo que cada estado impondrá las multas en base a su propia normativa. Eso significativa que si un conductor de Hego Euskal Herria es fotografiado por exceso de velocidad en un radar, por ejemplo en Lapurdi, pagará menos que si le ocurriese lo mismo a un ciudadano labortano en una carretera alavesa. Y es que rebasar en menos de 20 km/h la velocidad límite autorizada en una autopista resulta más «barato» en el Estado francés (68 euros), donde la velocidades están limitadas entre 110 y 130 km/h. En el español, la velocidad máxima autorizada es de 120 km/h, por lo que si el labortano se excediese en la misma proporción, le impondrían 100 euros de multa.

Lakua no esperó

La Dirección General de Tráfico ha manifiestado que el objetivo de este acuerdo es acabar con la impunidad por la imposibilidad de identificar al infractor.

El Gobierno de Lakua no ha esperado al convenio entre ambos estados. Desde hace más de un año había puesto en marcha un dispositivo para «atrapar» a los infractores. Para ello contrató los servicios de la empresa italiana Nivi Credit, con sede en Madrid, que se ocupa de identificar a los conductores «extranjeros» que hayan sido detectados por exceso de velocidad.