Los trabajadores de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra (Ganasa) han presentado una demanda en el Palacio de Justicia de Iruñea por el ERE cuya aplicación supone la salida de 65 empleados por la extinción de contratos indefinidos entre 2013 y 2014.

La demanda pretende dejar sin efecto el ERE materializado por la CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra) y la gerencia de la empresa tras la reforma laboral, que desde el pasado 7 de junio ha provocado catorce de los 65 despidos previstos.

Así lo señaló ayer ante los medios de comunicación el abogado José Ignacio Uruñuela, respaldado por representantes del comité de empresa y un grupo de trabajadores y familiares de Ganasa que lo acompañaron hasta la entrada del Palacio de Justicia.

Uruñuela aseguró que la demanda está dentro de los plazos establecidos por la ley y que «puede ser que en setiembre salga el juicio» y remarcó que el resultado «no depende de nosotros» pero que existen «razones suficientes» como para que se considere la demanda y que el ERE quede sin efecto.

Futuro del sector público

El periodo de negociación del conflicto colectivo presentado en Ganasa se cerró el pasado 5 de julio sin acuerdo entre las dos partes y terminó con un retroceso de las condiciones iniciales que la empresa concedía a los trabajadores como una reducción de despidos o incentivos económicos para la salida voluntaria.

«Seguimos unidos y firmes en nuestra intención de utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance en defensa de los puestos de trabajo», afirmó Ana Chavero, presidenta del comité, quien ratificó que el ERE es «profundamente incoherente» con los fines de sostenibilidad declarados en el Plan de Reestructuración de las Empresas Públicas.

«El gasto del Gobierno de Navarra en sus empresas públicas supone menos del 2% de su presupuesto y el déficit de Ganasa supone únicamente el 0,4% del total generado en el sector público empresarial», remarcó.

Además, incidió en que apuestan por un sector público «transparente, eficiente y sostenible» y que «a diferencia de lo que se ha hecho», es preciso un análisis «más profundo» y colaboración de las partes.

En cuanto a la proposición de ley para paralizar los despidos en las empresas públicas que se debatirá hoy en un pleno extraordinario en el Parlamento, Karmentxu Albeniz, secretaria del Comité, destacó que confía en que «salga adelante».