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Madrid confirma al Gobierno navarro que recurrirá la ilegalidad de las obras del TAV

A.I. | IRUÑEA

Como era de prever, el Gobierno español piensa recurrir la sentencia que ha dejado las obras del TAV en una situación irregular. Madrid responde de esta forma la petición desesperada que le lanzó el consejero de Fomento navarro, Luis Zarraluqui, para impedir que el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulando las declaraciones de impacto ambiental (DIA) del «Corredor navarro» se convirtiera en firme.

La noticia fue difundida ayer por la tarde por el Gobierno navarro, a través de una nota de prensa. Por ahora, el recurso no se ha presentado, pero tienen de margen hasta el 9 de setiembre para apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Pese a este recurso, que probablemente dé al Gobierno navarro tres años de margen antes de conocer la sentencia definitiva, Nafarroa se enfrenta a una disyuntiva importante. Si decide continuar con las obras, se arriesga a que una confirmación de sentencia convierta en irregulares todos los avances del TAV. Por contra, si decide ser prudente y parar con los movimientos de tierra, tendrá que abonar las indemnizaciones a las empresas concesionarias de la construcción del TAV.

También cabe la posibilidad de que la Fundación Sustrai -que fue la que denunció que las dos DIA (la que afecta a las vías y la referente a la nueva estación) habían caducado- pida la suspensión cautelar de la obra.

Argumentación legal

En la nota del Gobierno navarro se adivinan cuáles serán sus argumentos para apelar la sentencia. En su opinión, las DIA anteriores al año 2006 no caducan cada cinco años y las dos declaraciones anuladas son del año 2004. Esta interpretación es justo la contraria que la del Superior madrileño. El TSJM sostiene que hay sentencias de DIA que han caducado a los cinco años, en virtud de un Real Decreto de 1986. En realidad, la sentencia del TAV navarro es novedosa tan solo porque se ha anulado al Estado y, en las anteriores ocasiones, las DIA fueron invalidadas a entidades privadas. Por ello, esta sentencia resulta incómoda al Estado, porque podría dar pie a otros pleitos. En realidad, el interés de Madrid por el TAV navarro parece haberse disipado.

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