La Justicia turca dicta cadena perpetua para los líderes de la trama golpista Ergenekon
Los principales acusados en el proceso contra la red golpista Ergenekon, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor Ilker Basbug, fueron condenados ayer a cadena perpetua por la Justicia turca, que decretó 21 absoluciones. Mientras el tribunal hacía público parte de su veredicto, que incluye duras sentencias contra decenas de procesados, efectivos de las fuerzas de seguridad se enfrentaban en el exterior con los manifestantes que protestaban por el fallo.
GARA | ESTAMBUL
Después de casi cinco años de proceso y entre grandes medidas de seguridad, la Justicia turca dictó ayer 19 condenas a cadena perpetua contra los principales miembros de la red Ergenekon, acusada de organizar una trama golpista que planeaba ejecuciones y atentados masivos con el fin de causar disturbios y provocar en 2009 la caída del Gobierno islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan. Entre los sentenciados a perpetuidad por «intentar derrocar el orden constitucional por la fuerza» se encuentra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2008 y 2010, el general Ilker Basbug, otros seis generales retirados -dos de ellos los exgenerales Hursit Tolon y Hasan Igsiz, ex comandantes en jefe del Primer Ejército de las Fuerzas Armadas-, cuatro excoroneles y varios políticos, periodistas y abogados.
Durante la primera sesión de lectura del veredicto, que se llevó a cabo en la prisión turca de alta seguridad de Silivri, a unos 70 kilómetros de Estambul, el Tribunal absolvió a 21 encausados y condenó a otras 62 personas a entre 2 y 49 años de cárcel.
Basbug rechazó todos los cargos en un macrojuicio que ha durado cinco años y ha sentado en el banquillo a 275 personas, 66 de las cuales se hallan en prisión preventiva, y que ha sido calificado de «farsa» y «persecución política» por sus simpatizantes.
«La nación dirá la última palabra sobre estos acusados, y la nación ni puede equivocarse ni engañarse», dijo el exgeneral en su cuenta de Twitter al conocer la sentencia, según recogió Efe. «Los que siempre han estado del lado de los derechos y la justicia tienen la conciencia tranquila; yo estoy así», añadió, al tiempo que aseguró que el Estado de Derecho no se puede garantizar en un país en el que la sociedad cuestiona la independencia de los jueces.
Entre los condenados a perpetuidad destacan Alparslan Arslan, un ultranacionalista que en 2006 mató en Ankara a un juez; Dogu Perinçek, presidente del ultranacionalista y minoritario Partido de Trabajadores; y el periodista, empresario de comunicación y activista político Tuncay Özkan. Tres diputados del socialdemócrata y laico Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, fueron sentenciados a entre 12 y 35 años de prisión.
Desde primeras horas de la mañana de ayer, la Policía impuso enormes medidas de seguridad alrededor de la prisión de Silivri y todas las carreteras de alrededor fueron cerradas. A media mañana, las fuerzas de seguridad emplearos agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos de manifestantes que se acercaban campo a través, por lo que algunos sembrados fueron pasto de las llamas, informó Efe.
Según AFP, miles de personas consiguieron manifestarse en las inmediaciones de la prisión.
Puerta a la esperanza
El caso comenzó en junio de 2007, con un registro policial en la vivienda de un suburbio de Estambul, donde se encontró un arsenal ilegal, y desde ese descubrimiento la supuesta trama golpista comenzó a crecer con nuevas indagaciones.
Las primera detenciones despertaron en Turquía la esperanza de que las Fuerzas Armadas perderían su estatus de inmunidad y de que los jueces investigarían a fondo las supuestas relaciones entre la cúpula militar, los servicios secretos y organizaciones criminales. Pero cinco años después, la oposición laica y algunos activistas proderechos humanos consideran que el proceso está politizado y que el AKP utiliza a la Justicia para deslegitimar a sus rivales políticos y purgar del Ejército a quienes discrepan del rumbo del Gobierno islamista.
Sin embargo, para observadores liberales y próximos al AKP, el «caso Ergenekon» forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para limitar la intrusión del Ejército en la vida pública e instaurar el Estado de Derecho.
Las detenciones de generales retirados y altos oficiales en activo eran impensables hasta hace pocos años en Turquía, donde el Ejército había disfrutado de un estatus intocable como guardián de los valores del laicismo.
En setiembre pasado, un tribunal condenó en Silivri a más de 300 militares a penas de cárcel en la trama golpista Balyoz (Maza) por tratar de derrocar a Erdogan hace una década, lo que subrayó el dominio civil sobre la otrora todopoderosa cúpula militar.
El Ejército se considera protector de la República, también contra sus «enemigos internos», y los generales han sacado a sus militares a la calle en tres golpes de Estado en poco más de 50 años: en 1960, 1971 y 1980.
En 1997, en lo que se denominó un «golpe posmoderno», un comunicado del ejército hizo caer pocos meses después al primer Gobierno islamista en Turquía, el del primer ministro Necmetin Erbakan, mentor y entonces compañero de partido de Erdogan.
Antes de escuchar la sentencia, el diputado del CHP y periodista Mustafa Balbay, condenado a 35 años de prisión, calificó de «político» el proceso y advirtió de que vendrá «un otoño caliente».