Tres años después del derrumbe en el yacimiento chileno de San José -ocurrido justamente hace tres años, entre los días 5 y 7 de agosto-, los 33 mineros de Atacama siguen con problemas sicológicos y económicos, mientras la investigación judicial ha concluido sin culpables y los acreedores estudian vender la mina.

«Mis compañeros están mal, la parte sicológica mal, de salud mal», asegura a Efe el minero Raúl Bustos, de 43 años, que ahora reside en Concepción, en el sur del país, y que no participó en los actos conmemorativos celebrados en Copiapó, a 804 kilómetros al norte de Santiago.

Allí se reunió ayer la mitad del grupo para analizar los asuntos que les preocupan, incluida la película que contará su historia y que se comenzará a rodar en los próximos meses.

Este lunes sostuvieron un encuentro con autoridades regionales y después once de ellos participaron en una misa.

Lejos quedan los días en que la atención mediática internacional estaba pendiente de los detalles del rescate, que se inició el 22 de agosto de 2010, cuando se supo que los mineros estaban vivos, y que culminó el 13 de octubre de ese año con una operación espectacular para sacarlos a la superficie.

Sin trabajo y sin juicio

Una vez fuera, los mineros se encontraron con menos ayuda y con más problemas económicos de los que la fama parecía augurarles.

«Lo que queremos es volver a la vida normal que teníamos, y eso es mediante el trabajo. Si no hay trabajo no podemos hacer una vida normal. El tema es que algunos no pueden por la parte sicológica, pero otros sí y tampoco hemos tenido oportunidades», afirma Bustos.

La semana pasada se supo que la Fiscalía de la región de Atacama ha cerrado sin acusados la investigación por el derrumbe de la mina.

El fiscal consideró que «no había convicción para formular una acusación» contra los dueños, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), encargado de fiscalizar la actividad minera.

«Estamos todos muy sentidos», asegura Bustos, quien cree que «había pruebas suficientes» para procesarlos y juzgarlos. Pese a ello, los mineros siguen adelante con la demanda civil para obtener una indemnización de la empresa.

Por su parte, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló a los periodistas con motivo de este aniversario que respeta las decisiones de los distintos poderes del Estado. Alegó que «el Gobierno no puede pedir que se reabra la causa», ya que «solamente los querellantes pueden hacerlo».

Permiso para reabrir

Entre tanto, la junta de acreedores de la Minera San Esteban, dueña de la mina, que se declaró en quiebra tras el derrumbe, ha acordado poner en venta el yacimiento, que podrá volver a funcionar siempre que se construyan nuevas galerías.

«Si alguien quiere hacer uso de esa mina tiene que pedir los permisos correspondientes y ahí se estudiará con todo el detenimiento y toda la publicidad necesaria para ver si se autoriza la explotación de ese yacimiento», advirtió el ministro.

El dinero recaudado por la venta de los activos de la mina se debe destinar a pagar las indemnizaciones a los trabajadores y a los acreedores y también a devolver los cinco millones de dólares que la empresa debe al Estado chileno por el rescate, que en total costó 22 millones de dólares.

Por otra parte, De Solminihac aseguró que la tasa de accidentes mineros mortales bajó en un 55 % en 2012 respecto a 2010. El ministro explicó, además, que se ha puesto énfasis en la supervisión, al pasar de 18 personas encargadas de esta labor en 2010 a 60 en 2012 para todo el país, así como en la capacitación y en la regularización de estas labores.

«Alguno debimos morir»

Lo que más indignación ha provocado en los mineros es el cierre en falso del caso, así como que haya sido la propia Fiscalía la que lo ha zanjado al no presentar acusación. «Uno de nosotros debió resultar muerto para tener justicia», consideran.

Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros que estuvieron atrapados bajo tierra, mejor conocido como «Super Mario», ha reconocido que era difícil que el caso constituyera penas duras para los empresarios.

«Conociendo un poquito las leyes, tendría que haber salido un compañero o muy accidentado o muerto para que hubieran penas de cárcel», indicó a medios locales.

Sin embargo, al menos esperaban que se presentara una acusación que derivara en una vista oral y los hiciera comparecer ante la Justicia. «Por la imagen del país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo. A mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal».

La indignación de Mario no es solo con la Justicia chilena, sino también con las autoridades políticas. «Después de habernos hecho personas muy grandes, nos han pagado muy mal», resume. E insiste en que «uno de nosotros tendría que estar muerto o demasiado herido para tener justicia».

No solo las víctimas se sienten defraudadas. El exministro de Minería Laurence Golborne, quien estuvo a cargo del rescate de los mineros, aseguró a la BBC que consideraba «lamentable» la decisión de la Fiscalía. «Creo que es posible configurar algunos elementos de alguna negligencia culpable en este caso, pero aparentemente el fiscal no lo ha considerado así».

Esta «negligencia culpable» radicaría en el caso omiso que hicieron los responsables de la mina de los requerimientos básicos, lo cual tampoco habría sido fiscalizado minuciosamente por la autoridad. Según el exministro, era obligatorio que la mina tuviera una segunda salida que en el caso de San José era una chimenea de ventilación sin escaleras.

Clausurada ya en 2007

Además, desde el punto de vista de fiscalización, en el año 2007 la mina se había clausurado por un accidente y se habían establecido una serie de condiciones, entre ellas convertir la chimenea en una segunda salida, con escaleras, cosa que nunca ocurrió. «Se dio un permiso de operación el año 2008-2009 sin que se haya cumplido ese requerimiento y esa es una situación realmente inaceptable. Si la chimenea de ventilación hubiese tenido las escaleras que la normativa contempla, los 33 de Atacama no habrían vivido una experiencia tan traumática como la que les tocó vivir», expresó Golborne.

Luis Urzúa, jefe de turno de los 33 mineros que en 2010 permanecieron atrapados 70 días en la mina San José, en Chile, anunció la intención de los trabajadores de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a causa de lo que entienden como «denegación de justicia en Chile».

Dentro de la frustración enorme de los primeros momentos, «Super Mario» Sepúlveda llegó a decir que «solo por respeto a mis compañeros no me quemo a lo bonzo ante el Palacio de la Moneda» (sede del Gobierno chileno).