Estos días hemos podido leer que el TSJM ha dado la razón a la Fundación Sustrai al reconocer que las obras del TAV en Nafarroa carecen de cobertura legal por estar las declaraciones de impacto ambiental caducadas antes de que empezase dicha obra.

El TAV es un macroproyecto muy complejo y muy turbio también. Creo que dicha sentencia deja en evidencia las prisas y los grandes intereses ocultos que hay de fondo en estas obras. La ilegalidad es manifiesta en más de un sentido.

Hace unos días se publicó en diversos medios que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas advirtió en su informe de fiscalización de las cuentas del Gobierno Vasco de 2011 que todos los contratos de adjudicación de tramos del Tren de Alta Velocidad de dicho año contenían irregularidades.

A la falta de información de ayuntamientos y vecinos afectados, al oscurantismo y la falta de transparencia del proyecto, hay que sumar la chapuza que están haciendo con el trazado al dejar tramos sin conexión y sin solución clara a medio plazo.

El TAV se nos ha revelado como un claro despilfarro de miles de millones de euros, y todo para ahorrar 30 minutos al tren convencional. Hablamos de un TAV sin demanda y que transporta la sombra de la corrupción de Bárcenas, tal y como se ha puesto de manifiesto cuando grandes constructoras donaban ingentes cantidades económicas al PP para seguir con el negocio del cemento. Ahora la sentencia del TSJM ha encendido las alarmas de una obra irracional y ruinosa que debe paralizarse cuanto antes.