Diariamente estamos hablando de lo mismo. Es obvio, nos preocupa a las personas. Todas las familias «de a pie» tenemos familiares sin trabajo.

Los desempleados ven que se acaban sus prestaciones.

Los pensionistas ven que les quieren recortar las pensiones.

Los jóvenes sin trabajo no pueden adquirir compromisos familiares.

Los trabajadores, jóvenes y menos jóvenes, dudan de que en el futuro puedan tener prestaciones por jubilación, aunque los afortunados que pueden trabajar estén cotizando para ello.

El Gobierno del Estado español (y otros obedientes a la, desgraciadamente, conocida troika) pretende privatizar las prestaciones por jubilación como lo están haciendo con otras prestaciones sociales como la medicina. Con sus intenciones, estos gobernantes nos están diciendo que son unos incapaces, ya que lo que ellos no pueden hacer lo van a poder hacer otros. Entonces, ¿por qué no se van?

En este marco, hemos podido leer en los últimos meses «Bancarrota del fútbol español: la deuda de los clubes ronda los 4.000 millones» (el economista.es del 21-02-2013). También es vox populi el fraude fiscal que se produce en el mundo del deporte profesional. Y no pasa nada.

¿Cómo no vamos a estar preocupados?

Se imponen medidas ilógicas e insolidarias que solo responden a los intereses económicos de los poderosos. En una situación de desempleo, se alarga la vida laboral atrasando la edad de jubilación y se alarga la jornada de trabajo (lo que supone cerrar las puertas del mundo laboral a las nuevas generaciones), se bajan los sueldos. Se llama vagos a los desempleados y se les amenaza con recortar las prestaciones para que trabajen.

¿No sería mejor recortar las jornadas de trabajo para que puedan trabajar más ciudadanos? En coordinación con lo anterior, ¿no podrían dedicarse las cantidades previstas para las prestaciones por desempleo para su prorrateo entre quienes reduzcan de forma solidaria su jornada de trabajo? ¿Que es difícil? Por supuesto, pero cuando no se intentan soluciones, todo es difícil.

Las informaciones que se recogen ponen a los directivos españoles de las grandes empresas, entre ellas la Banca, entre los mejor pagados del mundo. Me pregunto si es posible y permisible eso en empresas que han recibido importantes ayudas públicas. ¿Es posible que esos directivos blinden su posición en condiciones insultantes para los necesitados? ¿Es posible que esos directivos tengan sus capitales a buen recaudo en paraísos fiscales? ¿Es posible que la legislación se lo tolere?

En esta situación de crisis alarmante se descubren fraudes multimillonarios (de euros) de los partidos políticos dominantes (PP y PSOE), de los sindicatos dominantes (UGT y CCOO). Se descubren fraudes y «errores registrales» vergonzantes de la familia real. ¿Podemos confiar en esos dirigentes? ¿Pueden esos dirigentes decirnos que nos apretemos el cinturón? ¿Qué autoridad moral tienen? ¿Cómo tienen la cara de decirnos que todos los ciudadanos (incluidos ellos) somos iguales ante la ley?

Se reducen las pensiones usando para ello fórmulas rebuscadas (alargamiento del período necesario de cotización, atrasando la edad de jubilación, etc). Se nos hacen pagar las atenciones médicas que precisamos y que ya tenemos pagadas a través de las cotizaciones de los trabajadores y empresas a la seguridad social. Pero ¿cuáles son las condiciones de «desempleo» de los expresidentes de gobierno (y compatibles con otros ingresos considerables obtenidos por su condición de expresidente)? ¿Cuáles son las condiciones de jubilación de los ministros y parlamentarios? ¿Cuáles son sus límites máximos? ¿Cuáles sus períodos mínimos de cotización? ¿Por qué no se les aplican los mismos criterios que a los demás ciudadanos?

En este aspecto, quiero destacar la actuación del Sr. Julio Anguita, quien renunció a su prestación por exparlamentario porque tenía suficiente con la paga de exmaestro. Pero esto sólo sirve para ratificar que la excepción confirma la regla.

¿Y cuánto nos cuesta el ejército? ¿Cuánto tenemos que pagar para poder realizar otra liberación de la isla perejil?

Termino refiriéndome a Europa. Esa Europa que algunos, confiando en que iba a ser la Europa de los pueblos, defendíamos. Desgraciadamente, como otros señalaban, se ha convertido en la Europa de los mercaderes. O peor, de los mercados (financieros).

Esa Europa en la que unos señores sin representación popular alguna y con salarios millonarios y al servicio de los poderes financieros derrocan gobiernos, imponen soluciones, exigen cambios constitucionales. En definitiva, sustituyen el poder político, supuestamente emanado de la decisión popular, por su decisión dictatorial, interesada e insolidaria.

José Antonio Pagola, en su libro «Jesús y el dinero», citando a L. Boff, señala: «es un disparate de inhumanidad que las tres personas más ricas del mundo posean activos superiores a toda la riqueza de los cuarenta países más pobres, donde viven seiscientos millones de personas». Así me parece también a mí, es intolerable. Estos, y sus inmediatos seguidores, son quienes para asegurar y aumentar sus beneficios nos aumentan las jornadas de trabajo, reducen los salarios y las prestaciones sociales y nos mandan al desempleo.

Creo que es hora de que se produzcan cambios. Y quizás el cambio consista en hacer evolucionar el sistema actual. Los pueblos tenemos que ejercer el poder que nos corresponde. Quizás eso no sea posible con grandes organizaciones políticas; si así fuera, deberíamos buscar el dimensionamiento adecuado. Los movimientos de capital deben ser controlados y limitados. Debe distinguirse entre inversor y especulador. Debe sancionarse con dureza económica la fuga de capitales por su carácter especulador y desestabilizador. Deben bloquearse los paraísos fiscales.

La vida es un equilibrio inestable, pero no debemos caer en la tentación de acomodarnos y dejarnos arrastrar a la miseria y la esclavitud. En su día hubo quien dijo «trabajadores del mundo, uníos». Sin caer en dictaduras, es lo que debemos hacer. Los poderosos, que son pocos, están unidos para mantenernos pisoteados.