Yolanda Barcina cerró el curso político con una nueva derrota en el Parlamento, que ahoga más su posición al frente del Gobierno de Nafarroa. Ayer, el Parlamento foral aprobó la proposición presentada y apoyada por Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai y PSN frente al rechazo de UPN y PP. La norma paraliza los despidos en las empresas públicas navarras.

La presidenta de Nafarroa se volvió a ver en minoría ante un Parlamento que construye nuevos consensos. Pese a ello, Barcina y su partido político ya declararon que harían caso omiso de lo que ayer se decidiese en este pleno extraordinario de fin de curso. Con 27 votos a favor y 21 en contra, se aprobó la ley por la que los ERE en las empresas que forman la CPEN. La norma modifica la ley de creación de la corporación y obliga a que la Cámara autorice previamente cualquier operación relacionada con la participación en las sociedades públicas, así como las fusiones, escisiones, transformaciones liquidaciones o cualquier otro movimiento de reestructuración que pudiese suponer la pérdida de la condición de sociedad pública. Y también, y esta es la clave, los ERE que afecten a más del 10% de la plantilla.

La CPEN, compuesto por empresas como Ganasa, Nasuvinsa y Sodena, podría ver reducida su masa salarial entre un 15% y 20% entre prejubilaciones, bajadas de salario y despidos. Pese a que la proposición de ley salió adelante, el Ejecutivo de Nafarroa ya había advertido antes de su posición: «El Gobierno, desde luego, no va a aplicar una ley que, a todas luces, es ilegal», apuntó el portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, la pasada semana. UPN y PP aludían entonces a la presunta inconstitucionalidad de la propuesta, dado que la ley se quería aplicar a las decisiones tomadas a partir del 1 de enero de 2013. Esa retroactividad se presumía ilegal. Sin embargo, en el pleno celebrado ayer se introdujo una enmienda in voce para aplicar exclusivamente la norma a aquellas operaciones que no hayan sido cerradas.

Ante ello, Barcina tuvo que improvisar y apuntó que «pese a que la retroactividad hubiese sido inconstitucional, no es el único error en el fondo y la forma». Del mismo modo, acusó a la oposición de asumir funciones que no les son propias y de arrogarse las competencias del Ejecutivo. «Estos grupos están tomando un camino muy peligroso, legislando de antemano, atentando contra la separación de poderes, contra las competencias estatales y contra el ordenamiento jurídico en el que se asienta las bases de la Comunidad foral», sostuvo Barcina.

Actas de reuniones negadas

Junto a UPN votaron los dos parlamentarios del PP, que antes de la votación presentaron cuatro enmiendas de supresión que pretendían tumbar el blindaje a trabajadores de empresas públicas. Las cuatro fueron rechazadas. Ana Beltrán tildó la ley de «arbitraria, irregular e injusta». También hizo hincapié en la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta, pese a la modificación introducida en la cuestión de la retroactividad.

Samuel Caro (PSN) fue el primero en hablar entre los que llevaron la propuesta al pleno. Acusó a UPN de ser «el único responsable de haber situado al borde de la quiebra al sector público empresarial». Al mismo tiempo, dio pie al debate sobre la quiebra dentro de UPN, invitando a la presidenta de Nafarroa a «dar paso a otra gente» dentro del partido.

Por parte de Bildu, Mayorga Ramírez dio trasladó su apoyo a los trabajadores de Ganasa, presentes en la sala, señalando al Gobierno que son «las víctimas de su régimen». Apuntó que para la empresa de gestión ambiental «existen posibilidades de viabilidad» que se niegan desde UPN. Y en este punto recordó los casos de la CAN, el circuito de Los Arcos y la oscura deriva de Etxauri Forestal.

Ante la mala gestión de las empresas públicas de Nafarroa, Patxi Zabaleta, en el turno de Aralar, acusó al Gobierno de utilizarlas «para colocar a personas allegadas».

Por su parte, José Miguel Nuin (I-E) recordó que les fueron negadas las actas de las reuniones de consejo de las empresas públicas, en las que se podría observar quién tiene responsabilidades en los despidos. Esta negativa, además, carece de cualquier soporte jurídico.

El parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi, en un símil empresarial, señaló que «el Parlamento es la junta de accionistas» de las empresas públicas, por lo que tiene derecho a conocer y debatir lo que pasa en ellas. Por este motivo, según aclaró, se vio «forzado» a aceptar la propuesta de ley.

Ahora, pese a la decisión tomada por el Parlamento, la presidenta y su partido podrían volver a pasar por encima de la posición mayoritaria. Como viene ocurriendo reiteradamente, UPN -directamente o a través del Ejecutivo español del PP- podría acudir al Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite detendría automáticamente la vigencia de la ley.

Ganasa presente en el pleno

Un grupo de trabajadores de Ganasa presenció en la sala el transcurso del pleno en el que se aprobó la ley, que saludaron con aplausos. Al tiempo un grupo más numeroso se manifestaba en la puerta de la sede parlamentaria, reivindicando una salida justa y digna tanto para ellos como para el resto de trabajadores de empresas públicas.

Karmentxu Albeniz, secretaria del comité de empresa de Ganasa, calificó como «muy positiva» la decisión tomada en la mañana de ayer. En este sentido, quiso agradecer a todos los grupos de la oposición el apoyo recibido. «Este es el tipo de políticas que la sociedad pide al Parlamento», añadió.