El Gobierno de UPN, cada vez más acorralado, desplegó ayer toda su capacidad de hipocresía política con la intervención de su presidenta, Yolanda Barcina, en el debate de la ley para amortiguar los despidos en empresas públicas. Una de estas contradicciones ya ha dejado de sorprender porque cada vez resulta más habitual en una formación que se presenta como navarrista y foralista: acudir al Tribunal Constitucional español cuando una ley aprobada en Nafarroa no es de su gusto. También llama la atención que una gobernante tan celosa de la legalidad y el Estado de Derecho haga una apelación tan clara a la insumisión anticipando que no piensa cumplir esa norma. Sorprende igualmente que acuse al Parlamento de «legislar contra la separación de poderes», porque la separación de poderes lo que precisamente establece es eso, que a un parlamento le toca legislar (en democracia que un Gobierno no tenga mayoría parlamentaria es parte del juego político). Y difícilmente compatible es también, por último, que Barcina rechace comprometerse contra los despidos en su Administración en el primer punto del Pleno y en el segundo apruebe una declaración por el empleo que se quedará en catálogo de buenas palabras.

Sin embargo, el debate tiene otros ángulos que no cabe obviar. Este modelo institucional está marcado por un clientelismo rampante que ha creado con dinero público una pléyade de agencias, institutos y empresas parapúblicas en las que ha colocado a personas afines. Muchas son deficitarias porque las rentables han sido directamente privatizadas. Desgraciadamente, cada cual con sus especificidades, el resto de provincias vascas no difiere demasiado en esto. La cuestión es que la defensa de los derechos de los trabajadores tiene que ser compatible con el buen uso del dinero público, con la transparencia en su gestión y con su utilidad social. Por ello, junto con la defensa del empleo, hay que plantear la reconversión ordenada de un sector crucial para el desarrollo económico y social de nuestros territorios.