La Comisión Europea (CE) urgió ayer a Malta a permitir el desembarco en su territorio de 102 personas rescatadas en el Mediterráneo y que permanecían a bordo del buque que las encontró, ante la negativa de las autoridades a hacerse cargo de ellas.

«El barco está ahora más cerca de Malta y esperando a desembarcar a los rescatados. Lo primero y más importante es salvar las vidas de las persona», señaló en un comunicado la responsable europea de Interior, Cecilia Malmström. «En estos momentos, es el deber humanitario de las autoridades maltesas permitir a estas personas desembarcar», insistió.

Las 102 personas, entre las que figuran cuatro mujeres embarazadas, una herida y un bebé de cinco meses, fueron rescatadas por el buque de bandera liberiana Salamis frente a las costas de Libia.

Según medios malteses, la operación de rescate se efectuó a instancias de las autoridades de rescate marítimo italianas.

«Devolver el barco a Libia sería contrario a la legislación internacional» señaló la CE, que recordó que el capitán del buque ha emitido una petición médica de urgencia dado que la mujer herida necesita hospitalización inmediata.

«A la vez que entiende la particular presión migratoria a la que se enfrenta Malta, la Comisión urge a las autoridades maltesas a permitir que estas personas desembarquen cuanto antes», indicó Malmström.

Según Bruselas, «cualquier disputa sobre la autoridad responsable de la búsqueda y rescate, incluida la implicación de las autoridades italianas y libias, así como el lugar adecuado de desembarco» debe aclararse «en una fase posterior».

En julio pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Malta a pagar 33.000 euros a una mujer somalí, que embarazada de seis meses sufrió un aborto por las precarias condiciones de reclusión, y otros 27.000 a un sierraleonés por haber violado sus derechos cuando fueron detenidos en 2011. Este último permaneció en prisión hasta marzo.

Estrasburgo falló por primera vez contra el país por haber violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, sobre todo en relación con la detención de migrantes.

Según los jueces, en el cuartel Lyster los detenidos fueron expuestos al frío, había falta de personal femenino, se dificultaba el acceso a espacios al aire libre y la comida era mala.