La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticó ayer el «oportunismo» del PSOE, que hoy presenta ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios. Asimismo, reclamó al alto tribunal que paralice cualquier procedimiento judicial de desalojo hasta que no resuelva el recurso.

La plataforma planteó la pasada semana un recurso propio contra la que calificó de «ley de la vergüenza», y pidió que 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo lo avalasen para presentarlo, pero sin apropiarse de sus argumentos. Finalmente logró el respaldo de 24 diputados de Izquierda Plural, Amaiur, ERC, BNG, Geroa Bai y Compromis.

El PSOE, por su parte, manifestó desde un principio su intención de presentar un recurso propio. En concreto, el secretario general de la formación, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que cogerían «los mejores argumentos de la PAH» y añadirían «alguno más».

«La misma fuerza institucional que le ha llevado al PSOE a ser cómplice de la burbuja y privación del derecho a la vivienda, la ha aprovechado ahora para la manipulación de un recurso que no le pertenece», denunció la plataforma a través de un comunicado.

Añadió que los «intereses partidistas» no pueden seguir imperando y que el PSOE demuestra que «no entiende las formas éticas y honestas» de estar en política.

Por otra parte, consideró «muy grave» que a día de ayer la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no se hubiera pronunciado sobre la posibilidad de presentar un recurso a la ley. No será hasta hoy, el último día del plazo establecido, cuando tome la decisión.

Una pequeña victoria

A pesar de todo, la PAH considera «una victoria haber forzado» al principal partido de la oposición a un «cambio de posición» y al reconocimiento de la «estafa política» que supuso la tramitación por la mayoría del PP de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la reforma hipotecaria en relación con los desahucios.

Es un triunfo, asegura, tanto de la plataforma como del conjunto del movimiento por el derecho a la vivienda contra la exclusión y en defensa de los derechos humanos, y vuelve a pedir que el TC declare la inconstitucionalidad de la norma por «violación de derechos fundamentales».

El colectivo denuncia, asimismo, el «déficit democrático» de que no se permita a los actores de la sociedad civil, como los movimientos sociales de derechos humanos, presentar recursos de inconstitucionalidad.

La PAH defiende que la ley es antidemocrática porque no incluye las demandas de mínimos planteadas en la ILP, que recabó un millón y medio de firmas, y que no son otras que la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de viviendas vacías.