Las FARC asumen su responsabilidad y proponen un grupo de expertos
Como ya apuntaran a principios de año sus negociadores en La Habana, y un mes después de que el Estado colombiano asumiera su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto, la guerrilla de las FARC asumió oficialmente y en el marco del diálogo para la paz con el Gobierno que, «sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas».
GARA | LA HABANA
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron ayer por primera vez y en el marco de los diálogos para la paz, su parte de responsabilidad en el conflicto armado en el país latinoamericano, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y provocado millones de desplazados. En paralelo, la mayor guerrilla en activo del continente propuso avanzar en el tema de la reparación a las víctimas durante las negociaciones en curso.
«Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate», leyó en un comunicado el integrante de la delegación de la guerrilla para las negociaciones con el Gobierno colombiano Pablo Catatumbo.
En el marco de las conversaciones de paz que se mantienen entre el Gobierno y las FARC en La Habana desde 2012, la guerrilla ha hecho este reconocimiento casi un mes después de que el presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, admitiera que el Estado había cometido graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado.
Las FARC han propuesto al Gobierno la creación de una comisión formada por expertos colombianos y extranjeros que estudie el origen del conflicto armado interno.
En palabras del portavoz guerrillero Pablo Catatumbo, el propósito de esa comisión sería el de investigar «el origen de la actual contienda», así como «el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno».
El objetivo de estos análisis y estudios sería «lograr establecer la verdad y señalar responsabilidades», concrertó el líder guerrillero, según el diario colombiano «El Espectador».
Catatumbo explicó que los estudios podrían completar «los trabajos adelantados» que ya existen, como el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se señala que desde 1958 hasta 2012 se han producido un total de 220.000 asesinatos, 5.712.506 desplazamientos forzados, 25.007 desapariciones y 27.023 secuestros.
El líder guerrillero recordó que el acuerdo firmado por el Gobierno de Santos y las FARC previo al inicio de las conversaciones de paz establece «la obligación de conocer o averiguar la verdad de lo acontecido durante tantos años de lucha social armada».
El número dos de la guerrilla y su jefe negociador, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», ya había afirmado el mes pasado en una entrevista con RCN La Radio de Colombia que las FARC «sienten» el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado y que abordarían con «responsabilidad» este punto.
«Debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación», señala la guerrilla en el comunicado leído ayer por su equipo negociador en La Habana.
Hace un mes, el presidente Santos reconocía que «el Estado colombiano ha sido responsable, por omisión o por acción directa, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto».
Una larga jornada de enfrentamientos y detenidos dio arranque el lunes al Paro Nacional Agrario en Colombia, convocado por sectores ligados directa o indirectamente al sector agrario, ganadero y del transporte con el fin de reclamar al Gobierno de Juan Manuel Santos que atienda a sus demandas sociales, que incluyen mejoras laborales y petición de ayudas. Los convocantes, que ayer siguieron sumando adhesiones de organizaciones gremiales de otros sectores, denunciaron la represión generalizada, que se saldó con al menos 22 personas detenidas por las fuerzas de seguridad, según datos oficiales que los líderes de las protestas elevaron hasta 40.
El Estado, además de intentar criminalizar esta huelga indefinida acusando a las FARC de extorsionar a los campesinos que no participan en las protestas, minimizó su impacto del paro al señalar que «no ha sido de la magnitud que se esperaba». Según el Gobierno, que dijo que la situación en todo el país «está bajo control», se registraron una baja adhesión y algunos bloqueos aislados de carreteras «resueltos por la Policía».
Miles de personas se manifestaron en los principales centros de producción agropecuaria, que cesaron en su actividad, al inicio de la protesta. Miles salieron de nuevo ayer a las calles de Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, para apoyar las demandas de los campesinos, reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo para los docentes y profesionales de la salud y denunciar las «políticas neoliberales» del Gobierno de Santos y los TLC firmados por Colombia. Los convocantes del paro confían en presionar al Ejecutivo para que se siente a dialogar, aunque por el momento no ha habido respuesta. GARA
