Con una orden de detención de Luis Goñi y Xabier Sagardoi como coartada, la Guardia Civil registró hace tres semanas una vivienda de Barañain, vulnerando el derecho a la intimidad de los residentes y la inviolabilidad de ese espacio privado. Entrar en una casa es un hecho violento sometido a importantes condiciones, que el juez y los uniformados obviaron deliberadamente. No había razón fundada para el asalto y aun así decidieron llevarlo a cabo.

La irrupción de agentes armados en un domicilio particular busca amedrentar a aquellos que han expresado su solidaridad con las personas juzgadas y condenadas por su militancia política. Impedir que su ejemplo se extienda. Porque la determinación mostrada por parte de la ciudadanía de este país para impedir el encarcelamiento injusto de quienes forman parte de su tejido social, bien sea en forma de muros populares o acogiendo a quien elude su detención, ha trastocado los planes de aquellos que acostumbraban a protagonizar razias nocturnas sin oposición y con alarde de violencia. Desorientados por el nuevo contexto y la evolución que se está produciendo en la sociedad vasca, también en esta materia, los securócratas han decidido instalarse en una realidad virtual, como si nada hubiera cambiado, con el desesperado afán de ganar tiempo.

En este contexto, la pregunta que encabeza este editorial parece retórica, pero no lo es. Hace unos meses, cuando se aguardaba el fallo contra los cinco jóvenes de Iruñerria, cientos de personas comparecieron en la Plaza del Castillo y mostraron las llaves de casa para expresar de forma gráfica que sus puertas estaban abiertas para ellos. El instituto militar es muy capaz de entrar en todas ellas, de violentar los derechos de quienes las habitan, pero llegará tarde. Tal como explicaron ayer en Barañain, mucha gente ha dado el paso desde la solidaridad al compromiso, y esa decisión es irreversible. Madrid sigue cargando contra molinos de viento y acabará estampado contra el muro de la realidad.