La reforma aprobada por el Parlamento navarro en 2012, con el impulso del Gobierno de coalición que entonces formaban UPN y PSN, provocó una estricta restricción de los criterios de acceso a la renta básica en el herrialde. Sus efectos han sido devastadores para cerca de 3.000 familias, que se han visto privadas de la percepción que antes recibía. En la actualidad, en el Parlamento se tramitan dos iniciativas diferentes para tratar de corregir la situación: una del PSN, que tras su pase a la oposición plantea algunos retoques en la polémica norma, y otra de Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, que sí trata de reformar la situación de raíz. Pero además, paralelamente, la Plataforma en Defensa del Derecho de la Renta Básica ha activado una ofensiva judicial para tratar de recuperar las 3.000 percepciones que han sido derogadas en la práctica por el Gobierno Barcina.

Ayer indicó en rueda de prensa que ha preparado una instancia para que todas aquellas familias que solicitaron la renta básica o su renovación antes de la nueva ley y se les denegó o se les concedió con recortes de hasta el 90%, puedan reclamar el período de renta que les correspondía.

Tras la aprobación de la Ley de Renta de Inclusión Social en febrero de 2012, en sustitución de la hasta entonces denominada Renta Básica, el número de perceptores se redujo en alrededor de 3.000 personas. Quedaron excluidas, entre otras, aquellas que la habían cobrado durante 24 meses -con ciertas excepciones- y las que llevan menos de dos años empadronadas en Nafarroa.

Sentencias

Desde finales de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha ido dictando sentencias para las más de 70 familias que recurrieron, mediante la fórmula de la Justicia Gratuita, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En ellas se corrige la denegación de sus solicitudes de renta básica y se reconoce una actuación ilegal por parte del Gobierno de UPN, según apunta la Plataforma.

El motivo es procedimental. «El Gobierno de Navarra, a pesar de que la ley le obligaba a contestar en el plazo máximo de 45 días, tardaba una media de cinco a seis meses en resolver las solicitudes -apunta la Plataforma-. Con ello provocaron que personas que habían solicitado la renta con las condiciones de la anterior ley fuesen evaluadas con la nueva», detallaron en rueda de prensa sus miembros, con Beatriz Villahizán ejerciendo como portavoz.

A raíz de las primeras sentencias, expone la Plataforma, el Gobierno navarro ha asumido que «había actuado de manera ilegal» y se ha comprometido a pagar las prestaciones denegadas. Sin embargo, lo limita a aquellas personas que recurrieron ante los tribunales, quedando excluidas cientos de familias que no recurrieron ante los tribunales, pero sí lo hicieron ante la Administración.

«Si el interés del Gobierno de Navarra hubiera sido reconocer su falta, habría reconocido el derecho a todas aquellas personas a las que se les denegó, empezando por las casi 300 que recurrieron en alzada ante el propio Gobierno de Navarra y que denegó sistemáticamente», añadió Ana Fernández, otra de las portavoces.

Así las cosas, desde la Plataforma en Defensa del Derecho de la Renta Básica han llamado a todas las familias perjudicadas para que reclamen sus derechos a través de una instancia que encontrarán en todos los servicios sociales de base y unidades de barrio de Iruñea, así como en diferentes entidades sociales.

En cuanto a las dos propuestas legislativas que hacen su camino actualmente en el Parlamento en relación a este tema, valoraron que la del PSN intenta «parchear» el despropósito que se cometió al aprobar la Ley de Renta de Inclusión Social de 2012, mientras que en la de Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai aprecian un objetivo de recuperar y superar la anterior renta básica. Xabier Lasa y Bikendi Barea, parlamentarios de Aralar-NaBai y Bildu respectivamente, explicaban en un artículo de prensa que su objetivo es recuperar y reforzar la renta básica frente a una «ley dura, excluyente y sin corazón, que vino a dejar claro cuál era el nuevo sentido de la política social del Gobierno de Navarra: su completo sometimiento a una estabilidad presupuestaria que margina a las personas frente a los intereses de la macroeconomía capitalista».

En la comparecencia de ayer de la Plataforma, Ana Fernández apostilló que por su parte «seguimos trabajando para conseguir una ley que garantice los derechos sociales de todas las personas que viven en Navarra, de acuerdo con el espíritu de la Ley Foral por una Carta de Derechos Sociales», de la que recordó que «aún está en vigor».

UPN alardea de cuantía y plazo

Mientras tanto, el Gobierno navarro intenta sostener la actual renta de inserción. En abril el actual consejero de Bienestar Social, Iñigo Alli, reconoció implícitamente el problema de los plazos de tramitación al asegurar que su departamento había conseguido reducir en un 65% el tiempo de valoración de los expedientes, desde los cuatro meses de media de octubre de 2012 hasta los 46 días.

En cuanto al fondo de la cuestión, el Ejecutivo sostiene que la partida se va incrementando de forma «evidente», pero para ello recurre a datos anteriores a 2008, que es cuando se inició la crisis que ha multiplicado las necesidades de renta básica. Alli esgrime que en 2008 se entregaban estas percepciones a 3.115 familias y que en 2013 se calcula que serán 13.465 las beneficiarias por esta ayuda. La Plataforma, por contra, lo que destaca es que hacían falta al menos 3.000 más, que son las suprimidas por la reforma de 2012.

El Ejecutivo de UPN se escuda igualmente en la cuantía de estas ayudas, apuntando que la mínima en Nafarroa es de 641 euros frente a los 431 en que se sitúa el suelo de las percepciones estatales.