La Ley de Renta de Inclusión Social que en 2012 impulsó el Gobierno navarro dificultó el acceso a la renta básica hasta el punto de privar de la misma a alrededor de 3.000 familias. Ahora uno de los partidos que a la sazón formaban aquel Gobierno, el PSN, se dispone a presentar una iniciativa parlamentaria para modificar dicha reforma. Más seria parece otra de Bildu, Aralar-NaBai y Geroa Bai, que plantea recuperar e incluso mejorar la antigua renta básica. Por otro lado, un tercer frente, por vía judicial, intenta recuperar las prestaciones denegadas, a la vista de que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa ha dictado sentencias favorables a 70 familias que recurrieron la denegación de percepciones, señalando la actuación ilegal del Gobierno navarro al respecto. Este, por su parte, se muestra dispuesto a pagar las prestaciones, pero solo a quienes han recurrido. Una mezquina actitud en consonancia con la política de seguimiento de las recetas de «austeridad» de Madrid. De austeridad para la mayoría de los ciudadanos, incluyendo la restricción de las insignificantes prestaciones a las familias más necesitadas, y de mantenimiento del despilfarro en infraestructuras polémicas e incluso inútiles.