La consulta que la Diputación de Gipuzkoa pretende celebrar entre los vecinos y vecinas de Igeldo sobre su desanexión de Donostia deberá contar con la autorización del Gobierno español para que sea vinculante. El portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Ramón Gómez, hizo público ayer un informe de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa elaborado, precisamente, a petición de ese grupo municipal.

Ante este hecho, la Diputación de Gipuzkoa respondió que «no necesita ni tutelas ni permisos del Gobierno español para realizar consultas no vinculantes que permitan al Consejo de Gobierno Foral conocer la opinión de la ciudadanía guipuzcoana antes de tomar decisiones».

Aparte de este informe, los grupos municipales también han conocido un informe del secretario municipal, Juan Carlos Etxezarreta, que atribuye al Pleno la potestad final para aprobar la desanexión y establece una serie de objeciones al proceso que ha iniciado de nuevo la asociación vecinal Itxas Aurre.

Esta agrupación solicitó a la Diputación que «diera seguimiento» al expediente de desanexión de Igeldo que se inició en 1995 y que fue definitivamente desestimado por la institución foral en 2010.

El informe, donde Etxezarreta expone su criterio sobre la viabilidad jurídica de la desanexión, destaca que la nulidad del Decreto Foral 6/2010 por el que se desestimó la petición de los igeldotarras «encontraría serias dificultades legales», descartando reabrir el expediente.

Precisamente, Itxas Aurre solicitó a la Diputación que derogue esta norma para poder seguir con el proceso. Respecto a dicha petición, el secretario recuerda que el expediente quedó «culminado y cerrado».

Si bien Etxezarreta menciona la posibilidad de abrir un nuevo expediente con su consiguiente instrucción administrativa y «con la resolución final definitiva que proceda», también comenta que Igeldo seguiría sin cumplir el mínimo de 2.500 habitantes exigido por la Norma Foral 2/03.

El papel del Pleno

El documento, que tiene carácter consultivo, es decir, no vinculante, también aborda el papel del Pleno donostiarra en el proceso. «Resultaría una incógnita, en su caso a aclarar, cómo se incardina una eventual consulta con un procedimiento reglado y tasado con plazos regulados para la adopción de las decisiones», indica el secretario, antes de recomendar que la consulta sea acordada con el Ayuntamiento «y realizada de forma coordinada».