El sector agropecuario colombiano, apoyados por camioneros y trabajadores de la salud entre otros gremios, mantenía ayer bloqueadas más de 30 vías en 11 departamentos para exigir al Gobierno soluciones a la grave situación del campo y la erradicación de las fumigaciones de los cultivos de coca.

En declaraciones a GARA, Yule Anzueta, delegado del departamento de Putumayo en la Mesa Nacional de Interlocución Agraria, cifró en más de 200.000 las personas que desde el lunes bloquean las vías en todo el país.

«Estamos en una situación compleja y crítica. Tenemos conocimiento de ocho heridos por arma de largo alcance», denunció. La pasada semana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que sería «implacable» contra quienes bloquearan las carreteras. Cerca de 15.000 agentes policiales fueron desplegados en todo el país.

Ayer, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que «no se puede atender ni aceptar que unas mentes malévolas motiven quemas de vehículos o acciones de violencia contra otros ciudadanos y la fuerza pública».

Acusó a la guerrilla de «infiltrar con hechos de violencia propios de terroristas una huelga» que, según dijo, «no ha tenido un mayor impacto». Después de que el Ministerio del Interior advirtiera que «quienes intenten perturbar el orden público o promuevan acciones violentas serán judicializados», el ministro Fernando Carrillo reconoció ayer en su cuenta de Twitter que «muchos de los reclamos de sectores sociales son justos».

Anzueta mostró su preocupación por las consecuencias de estos señalamientos. «Cuando los campesinos, los estudiantes, los afrocolombianos o cualquier otro sector alza su voz en contra del Gobierno o muestra su disconformidad, comienzan a decir que las FARC están detrás de las movilizaciones. Estas estigmatizaciones ponen de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno para solucionar los problemas estructurales del campo. Seguramente habrá procesos judiciales contra los impulsores del paro. Estos señalamientos dan pie a los paramilitares a actuar contra los dirigentes agrarios, poniendo en riesgo nuestra vida».

Una de sus exigencias es la suspensión de los programas de fumigación de los cultivos de coca. «Los campesinos que la cultivan lo hacen por necesidad, por sostener a su familia y poder satisfacer sus necesidades más básicas a nivel alimentario, sanitario y educativo. Estos cultivos son la vida para ellos. Hemos propuesto al Gobierno un plan conjunto para afrontar esta problemática de manera concertada. Además, estudios han demostrado que estas fumigaciones, que comenzaron hace 13 años como parte del Plan Colombia, no han servido para resolver este asunto», incidió. Anzueta reiteró la disposición de la Mesa Nacional de Interlocución Agraria de sentarse en una mesa de diálogo de carácter «nacional», rechazando las salidas regionales planteadas por Bogotá.

Criticó al Gobierno por «reprimir en Colombia a los campesinos al tiempo que anuncia acuerdos agrarios», en alusión al consenso alcanzado a finales de mayo entre el Gobierno y las FARC. El jefe de la delegación gubernamental Humberto de la Calle, reconoció la necesidad de «transformar» la realidad del campo colombiano.