El jueves, día de receso en la mesa de conversaciones de La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para que «los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales». Las legislativas están previstas para el próximo 9 de marzo, mientras que la fecha de las presidenciales está fijada para el 25 de mayo.

Ayer, al llegar al Palacio de Convenciones de La Habana, el delegado de las FARC Marco León Calarcá anunció un «importante» pronunciamiento sobre «este delicado asunto».

Un artículo colgado en la página web de la delegación de paz de las FARC relativo a la breve comparecencia de Calarcá -en la que condenó «el tratamiento militarista del Gobierno» al paro nacional que comenzó el lunes en Colombia-, terminaba advirtiendo que «la importancia y delicadeza del tema, referido directamente al proceso de diálogos, supera con creces el compromiso de no dejar afectar el desarrollo de la mesa, con hechos sucedidos en el país».

Posteriormente, Pablo Catatumbo fue el encargado de leer el comunicado en el que anunciaron «una pausa» en las conversaciones para «centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que debemos hacer como organización».

Reiteró, asimismo, la exigencia de la guerrilla de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como vía para refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana. «La Constituyente es el camino para alcanzar un verdadero tratado de paz, justo y vinculante», remarcó.

Tanto en entrevistas a medios colombianos y extranjeros como en sus habituales comparecencias desde la capital cubana, los delegados de las FARC han sostenido que «la Constituyente es la llave de la paz».

El Gobierno, en cambio, rechaza categóricamente esta demanda. En un artículo publicado el pasado 15 de junio por la revista «Semana», el propio jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, enumeró los argumentos del Gobierno en contra de la Constituyente por considerar que no se trata de «un mecanismo de refrendación ni es el más práctico».

Tras el revuelo mediático que generó el anuncio de las FARC, el también delegado Jesús Santrich negó en declaraciones al rotativo «El Colombiano» que tengan previsto levantarse de la mesa. «Desde Oslo hemos dicho que las FARC no se levantarán de la mesa de diálogo, eso lo reiteramos. Hay una pausa porque es necesario reflexionar para saber cuáles son los alcances del anuncio del Gobierno».

Fuentes del Gobierno afirmaron a este periódico que el proceso sigue su curso y que hoy se reunirán con representante de la ONU en la isla, un encuentro fijado de antemano.

De la Calle, ausente ayer en La Habana oficialmente por motivos familiares, trató de restar trascendencia al proyecto de ley de Santos afirmando que «la refrendación y las garantías para la implementación de un eventual acuerdo de fin del conflicto, son parte de la discusión del punto seis de la agenda del acuerdo general de La Habana. Esa discusión aún no ha comenzado en la mesa».

«En caso de que en la mesa de conversaciones de La Habana se acuerde celebrar un referendo, el Gobierno considera que es necesario levantar la limitación para que el referendo pueda coincidir con las elecciones y de esa manera se garantice que si se llega a un acuerdo final, este mecanismo se pueda aplicar de manera expedita, sin obstáculos y con la mayor participación electoral posible. Esa es la única finalidad del proyecto de ley presentado», manifestó.

De la Calle aseguró que el Gobierno «continúa en la mesa de diálogo» y pidió a las FARC que «la pausa» sea «breve».

En términos similares se pronunció Santos que, si bien consideró «perfectamente legítimo y válido que lo estudien -su proyecto de ley-», avisó que «el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. Tenemos que seguir avanzando en las conversaciones».

Las conversaciones se detienen en plena discusión sobre los mecanismos y garantías que permitirán la participación política de las FARC, que desde el inicio de las discusiones sobre el segundo punto de la agenda el pasado 18 de junio han desarrollado ocho de las «diez propuestas mínimas la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional».

Justamente, la décima hace referencia a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como «máxima expresión de la participación política de la sociedad».