El Gobierno navarro sigue apostando fuertemente por ampliar el Canal de Navarra, a pesar de que la viabilidad de esta macroinfraestructura ha sido puesta en cuestión también en el proceso de presentación de alegaciones que acaba de concluir. Este miércoles, la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, y el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, suscribirán en Artaxoa una actualización del convenio para ampliar esta macroinfraestructura, a la que UPN quiere dar un nuevo impulso.

El pasado día 21, el Gobierno navarro hizo pública una nota en la que destacaba que la mayoría de las alegaciones presentadas para la primera fase de la ampliación del Canal estaban destinadas a solicitar que se aumentase la zona regable.

En esa nota, se destacaba que estas solicitudes suponían un incremento del 61% de la superficie inicial y que fueron presentadas por los ayuntamientos de Andosilla, Arronitz, Cárcar, Faltzes, Funes, Lerin, Lodosa, Oteitza y Azkoien.

El Gobierno de UPN barría para casa y destacaba que numéricamente la mayoría de las alegaciones pedían un incremento de la superficie regable, un elemento que no tiene por qué ser determinante.

Lo que no decía la nota del Gobierno navarro era que una de las alegaciones, que reclamaba la paralización del proyecto basándose en que no está justificado económicamente y que supone una importante agresión medioambiental, fue suscrita por 800 firmas que representaban a agricultores y vecinos de la localidades de Larraga, Mendigorria, Berbintzana, Miranda de Arga y Faltzes.

Es decir, que en las zonas que supuestamente se van a ver beneficiadas por el Canal de Navarra existe una fuerte oposición a su ampliación. Y, además, entre los agricultores.

Según destaca en su web «Ura. Nueva Cultura del Agua», plataforma navarra en defensa de los ríos, «la desaparición de los huertos familiares en las vegas del Arga y el Ega es el primer motivo alegado para rechazar esta obra».

La llegada de la ampliación del Canal exige que se formen unidades de riego de cinco hectáreas como mínimo, para lo que es necesario proceder a una concentración parcelaria que «supondrá la desaparición de un valioso bien cultural como son las pequeñas huertas que surten de fruta y verdura fresca a la gente de los pueblos».

Junto a ello, la alegación de estos agricultores y vecinos de la Zona Media subraya que el Canal les supondrá una pérdida de autonomía, «ya que pasarán de ser usuarios de un bien público gratuito como es el agua de nuestro río a ser clientes forzosos de un agua privatizada servida por empresas intermediarias a un coste elevado».

Privatización costosa

Se trata de una privatización para la que además los pequeños agricultores tendrán que abonar cantidades inasumibles. En estos momentos se desconoce cuál será el precio del agua de Itoitz, pero sí se sabe que habrá que invertir 5.316 euros por hectárea para instalar la infraestructura necesaria para poder comenzar a regar. Un dineral antes de abrir el grifo.

«Dada la situación del campo en este momento y lo incierto de las subvenciones, se considera el proyecto de `dudosa viabilidad'», destaca esta alegación.

Asimismo, los 800 agricultores y vecinos de la Zona Media subrayan que el proyecto presenta importantes defectos y que no se ha contado con los agricultores de los pueblos, además de no tener en cuenta otras alternativas de menor coste y mayor eficacia, como modernizar los actuales regadíos.

Otro de los aspectos sobre los que alerta esta alegación es que la inclusión de grandes extensiones de comunal en la zona regable por el Canal supondría una nueva deuda para las arcas de los ayuntamientos por los elevados costes a cubrir. «Si esta inversión en el comunal se dejase a manos privadas de agricultores que se quisieran hacer cargo de ello, nuestro comunal perdería completamente su finalidad social», advierten.

Estos agricultores y vecinos no se creen los cuentos de la lechera de subvenciones anunciadas por el Gobierno navarro para poder acceder al agua de Itoitz, «visto que las prometidas ayudas a la instalación en parcela de la Fase 1 han sido retenidas en el año 2013 y que también se han eliminado y recortado ayudas y subvenciones muy necesarias en amplios sectores de la agricultura y ganaderías navarras».